El Fondo Milagro, creado para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, enfrenta cuestionamientos por el manejo de sus recursos y la conformación de su planta de personal.
La senadora Jennifer Pedraza Sandoval puso el foco sobre una situación que despierta interrogantes: mientras la ejecución presupuestal apenas alcanza alrededor del 7 % de los $624.566 millones asignados, el Fondo ya cuenta con 26 personas vinculadas mediante contratos de trabajo a término indefinido y contempla una planta de arranque de hasta 130 cargos.
La congresista cuestionó especialmente la modalidad de contratación utilizada para una entidad de carácter transitorio, cuya razón de ser es atender una emergencia y ejecutar proyectos de reconstrucción.
«¿Por qué “indefinido” si es un fondo transitorio que ejecuta proyectos?», preguntó Pedraza, al exigir explicaciones sobre las decisiones administrativas y la prioridad que se está dando al fortalecimiento de la estructura de personal frente a las necesidades de las comunidades damnificadas.
26 contratos indefinidos y una planta proyectada de 130 cargos
Los documentos oficiales del Fondo Milagro señalan que, al corte de la información reportada, 26 personas se encontraban vinculadas, incluido el gerente, mediante contratos de trabajo a término indefinido celebrados por la sociedad fiduciaria.
El Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias contempla una planta de arranque de hasta 130 cargos. La cifra plantea preguntas sobre el tamaño de la estructura administrativa que se pretende consolidar y su correspondencia con el carácter temporal del Fondo.
La contratación indefinida es uno de los puntos que la senadora considera necesario esclarecer: ¿qué razones justifican establecer relaciones laborales sin un plazo definido dentro de un mecanismo creado para responder a una emergencia y ejecutar intervenciones específicas?
No se trata solamente del número de personas contratadas, sino de establecer cuánto cuestan esos vínculos, qué funciones cumplen, cuáles son sus resultados y qué proporción de los recursos se está destinando al funcionamiento administrativo frente a la reconstrucción.
De $624.566 millones, apenas se ejecuta cerca del 7 %
Otro de los aspectos cuestionados es el ritmo de ejecución de los recursos. De los $624.566 millones asignados al Fondo, el avance reportado ronda el 7 %, una proporción que contrasta con la magnitud de las necesidades de las comunidades afectadas.
La cifra también debe observarse frente al costo estimado de la reconstrucción total, calculado por el propio Gobierno en $58 billones. Según los datos presentados por Pedraza, los recursos asignados al Fondo representan apenas una fracción de ese monto.
En medio de este panorama, la pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados concretos para los damnificados y por qué la conformación de la estructura administrativa avanza mientras la ejecución de los recursos destinados a las intervenciones sigue siendo limitada?
Fiducoldex y las contrataciones para la reconstrucción
Los documentos oficiales también registran que el 5 de octubre de 2026 se suscribió el contrato de fiducia con Fiducoldex, sociedad fiduciaria encargada de la administración correspondiente.
Asimismo, se reportan estructuraciones contractuales por valor de $7.440.594.510, principalmente relacionadas con actividades de demolición e interventoría en Pereira, Risaralda, y Cali, Valle del Cauca.

Aunque estas estructuraciones hacen parte de las actuaciones reportadas por el Fondo, su valor debe contrastarse con el total de recursos asignados y con el nivel general de ejecución. La ciudadanía necesita conocer cuáles contratos se han concretado, cuáles están pendientes, qué obras se han iniciado y qué resultados se han entregado a las comunidades.
Pedraza pide explicaciones y reclama vigilancia de los órganos de control
La senadora Jennifer Pedraza exige respuestas sobre la justificación de los contratos a término indefinido, la proyección de una planta de hasta 130 cargos y la baja ejecución de los recursos destinados a la emergencia.
También hizo un llamado a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría para que examinen el manejo de los recursos del Fondo Milagro y verifiquen que su destinación responda a las necesidades de reconstrucción.
El cuestionamiento de fondo es sobre las prioridades: un fondo creado para atender a las comunidades damnificadas no puede perder de vista su propósito mientras crece su estructura administrativa. Los recursos públicos destinados a una emergencia deben traducirse en intervenciones, obras y soluciones verificables para quienes esperan recuperar sus viviendas y sus condiciones de vida.
La reconstrucción no puede quedarse en documentos, contratos y cargos. Los damnificados necesitan resultados, y el país merece explicaciones sobre el destino de cada peso.




