El camino de la paz vuelve a estar bajo advertencia. El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM) lanzó una alerta por lo que considera señales de retroceso en la implementación del Acuerdo Final, deterioro de las condiciones de seguridad y posibles reducciones presupuestales que podrían afectar programas e instituciones vinculadas con la construcción de paz.
En un comunicado fechado el 24 de septiembre de 2026, el Comité sostuvo que Colombia enfrenta brechas de implementación y riesgos de regresividad en asuntos relacionados con la seguridad de comunidades, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo y poblaciones históricamente discriminadas.
La advertencia no se concentra únicamente en la presencia de grupos armados. El organismo plantea que la seguridad, la inversión pública, la reincorporación, la reforma rural, la protección de víctimas y el funcionamiento de la justicia transicional hacen parte de un mismo desafío: evitar que vuelvan a reproducirse las condiciones territoriales que alimentaron décadas de violencia.
El presupuesto de paz prende las alarmas
Uno de los puntos más sensibles del comunicado está en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Según el análisis de la Defensoría del Pueblo citado por el Comité, el proyecto contempla $12,94 billones para construcción de paz, frente a los $20,56 billones asignados en 2026.
La diferencia representa una reducción del 37 %, de acuerdo con las cifras incorporadas en el documento.
La paz es una obligación de Estado y no está sujeta a la alternancia política ni a un gobierno particular. El periodo 2026-2030 es el último de los tres ciclos presidenciales obligatorios para cumplir el Acuerdo Final- Manifestó la presidenta del CSM, Julia Eva Cogollo Cabarcas
El Comité también señala disminuciones proyectadas en varios componentes relacionados con el Acuerdo Final: 4 % menos para la Reforma Rural Integral, 67 % menos para la solución al problema de las drogas ilícitas, 64,6 % menos para participación política y 28,4 % menos para implementación, verificación y seguimiento.
Para el Comité, el debate no puede quedarse en una discusión de cifras. Su argumento es que los recursos públicos determinan la capacidad real del Estado para cumplir compromisos adquiridos con víctimas, comunidades rurales, pueblos étnicos, firmantes de paz y territorios afectados por el conflicto.
Dos entidades enfrentan fuertes reducciones
El documento también pone la lupa sobre dos entidades directamente relacionadas con la implementación territorial.
Según las cifras citadas por el Comité, la Agencia Nacional de Tierras tendría una reducción del 71,8 % en los recursos identificados para la implementación del Acuerdo, mientras que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) enfrentaría una reducción del 79,1 % en su inversión identificada para paz.
El Comité advierte que estos porcentajes deben analizarse más allá del impacto contable. Para el organismo, una disminución significativa de recursos puede traducirse en menor capacidad institucional para ejecutar compromisos de transformación territorial, reincorporación y atención a comunidades afectadas por la violencia.
Aun así, el propio comunicado reconoce que el presupuesto de 2027 todavía está en trámite y que las asignaciones pueden cambiar durante el proceso legislativo. También señala que existen restricciones fiscales que enfrenta el Estado.
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La JEP queda en el centro de la discusión
Otro de los frentes que genera preocupación es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Comité señala que el pasado 22 de septiembre las comisiones económicas del Congreso aprobaron una propuesta que podría reducir en al menos $100.000 millones los recursos de la jurisdicción.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla $821.803 millones para la JEP dentro del presupuesto de paz, de los cuales $174.119 millones corresponderían a inversión, rubro que, según el documento, tendría una reducción del 8,9 %.
La discusión ocurre mientras la JEP avanza hacia la ejecución de sus primeras sanciones. Por eso, el Comité sostiene que cualquier modificación presupuestal debería analizarse también desde sus posibles efectos sobre los derechos de las víctimas, las decisiones judiciales, las sanciones propias y las garantías de justicia y no repetición.
El organismo pide además que el Congreso haga pública y verificable la evaluación de impacto que sustente cualquier reducción presupuestal que afecte a la JEP.
La seguridad también está en la alerta
El diagnóstico del Comité no se limita al presupuesto. El documento relaciona la implementación de la paz con las condiciones de seguridad en los territorios y advierte sobre la permanencia y expansión de estructuras armadas, asesinatos y amenazas contra liderazgos sociales, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y fortalecimiento de economías ilícitas.
En materia de firmantes del Acuerdo, el Comité cita cifras de Naciones Unidas. Según el documento, para el 26 de marzo de 2026 la Misión de Verificación había confirmado 491 asesinatos de excombatientes desde la firma del Acuerdo Final, además de 179 tentativas de homicidio y 57 desapariciones.
Posteriormente, un informe de Naciones Unidas de julio de 2026 elevó a 493 la cifra de firmantes asesinados, mientras persistían amenazas, extorsiones, desplazamientos y presiones de grupos armados.
El Comité también cita información de OCHA según la cual, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, 5.272 personas fueron desplazadas y 9.553 permanecieron confinadas en 17 municipios de siete departamentos. Cerca del 58 % de las personas afectadas pertenecía a pueblos y comunidades étnicas.
“La seguridad no puede ser solamente fuerza pública”
Frente a este escenario, el Comité plantea que la respuesta estatal no debería reducirse al aumento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Su propuesta parte de una concepción de seguridad humana, que incluye presencia institucional, acceso a derechos, justicia, protección, oportunidades económicas, participación política y garantías para permanecer en los territorios.
El planteamiento conecta directamente la seguridad con la implementación del Acuerdo Final. El Comité sostiene que la no repetición no consiste únicamente en impedir que se repita exactamente la violencia del pasado, sino en transformar las condiciones que permitieron su reproducción.
En esa lista incluye la protección de liderazgos sociales, la reincorporación, la Reforma Rural Integral, los PDET, la participación comunitaria, las garantías para las víctimas, el Capítulo Étnico, el enfoque de género, la protección de personas LGBTIQ+ y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos en los territorios.
Más de 10 millones de víctimas y una deuda que sigue abierta
El documento también pone sobre la mesa la magnitud de la deuda estatal con las víctimas. El Comité señala que, según su VI Informe, el Registro Único de Víctimas supera los 10,2 millones de personas.
Además, cita una estimación de la Contraloría según la cual, al ritmo actual de asignación de recursos, se necesitarían 62 años para indemnizar a todas las víctimas, sin contar nuevas inclusiones.
El dato aparece en medio de la discusión presupuestal y sirve al Comité para argumentar que las decisiones fiscales tienen efectos concretos sobre la reparación, la reincorporación, la sustitución de economías ilícitas, la participación política y la protección de comunidades.
¿Qué le pide el Comité al Congreso?
El pronunciamiento formula seis solicitudes concretas al Congreso. Entre ellas están revisar integralmente el impacto de las reducciones proyectadas sobre los seis puntos del Acuerdo Final; garantizar recursos para la Reforma Rural Integral, los PDET, la reincorporación, la sustitución de cultivos y la participación política; y asegurar la financiación necesaria para que la JEP pueda cumplir sus funciones.
También pide corregir y hacer público el Trazador de Paz, de manera que pueda establecerse cuánto dinero se está destinando efectivamente a la implementación y cuáles son sus resultados territoriales.
El Comité solicita, además, que cualquier ajuste presupuestal preserve los derechos de las víctimas y que antes de aprobar reducciones sustanciales se realice una evaluación de impacto en derechos humanos y construcción de paz.
El Acuerdo Final no pertenece a un gobierno
El Comité recuerda que el Acuerdo Final fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano y sostiene que su implementación constituye un compromiso de Estado que no debería depender de la alternancia política.
El comunicado cita el Acto Legislativo 02 de 2017 y la sentencia C-630 de 2017 para sostener que las instituciones y autoridades deben cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final durante los tres periodos presidenciales completos posteriores a su firma. El Comité señala que el periodo 2026-2030 es el último de esos tres periodos.
Desde esa perspectiva, el Comité plantea que las decisiones del actual ciclo presupuestal no son un asunto meramente administrativo: pueden determinar la capacidad del Estado para cumplir compromisos que tienen efectos directos sobre víctimas, comunidades y territorios.
Una discusión que todavía no está cerrada
El proyecto de presupuesto de 2027 continúa en trámite y, por lo tanto, las cifras y asignaciones señaladas en el comunicado todavía pueden modificarse durante el proceso legislativo. El propio Comité reconoce esa circunstancia y señala que su propósito es advertir sobre los posibles efectos de las reducciones proyectadas.
La discusión queda ahora sobre la mesa del Congreso y de las entidades responsables de la implementación.
El Comité pide al Ejecutivo garantizar la implementación integral del Acuerdo y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; reclama protección efectiva para comunidades, liderazgos, víctimas y firmantes; y solicita a las distintas ramas del poder público asumir sus responsabilidades en materia de paz y no repetición.
El mensaje final del organismo es directo: la paz no se juega únicamente en los discursos ni en la firma de acuerdos. También se define en los territorios, en la protección de quienes siguen amenazados y en los recursos que el Estado decide asignar para cumplir sus compromisos.
Sin verdad no hay memoria, sin justicia no hay garantías de no repetición y sin reparación no hay reconocimiento a las víctimas. Los derechos humanos no pueden convertirse en la variable de ajuste fiscal del Estado anunció la Eva Cogollo
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