La denuncia sobre presunto desvío de más de $140 millones en Barranquilla alerta sobre fallas estructurales en la gestión pública de recursos para la reparación. Frente a esto, el Protocolo de Participación Efectiva –instrumento normativo derivado de la Ley 1448 de 2011– aparece como un mecanismo fundamental para garantizar vigilancia social, dignidad y justicia para las víctimas
El contrato CD-03-2024-1900, firmado por la Alcaldía de Barranquilla con la Fundación SEDUCAR por $217.800.000, ha despertado serias dudas. De acuerdo con la información que entrega la coordinación de la Mesa Distrital de Participación de Víctimas y la investigación publicada por Voz Realities, solo $75 millones habrían sido invertidos en actividades reales para las víctimas del conflicto. El resto, según la ONG contratista, habría sido usado en impuestos, lo cual no corresponde con lo estipulado en el objeto del contrato.
La situación empeora con la confusión en registros públicos, donde también figura la Fundación Escuela Barranquillera como receptora de partidas similares. La Fiscalía y la Contraloría ya tienen en sus manos las denuncias formales, pero la indignación crece entre quienes consideran que estos fondos representan más que dinero: representan justicia, reconocimiento y reparación.
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El Protocolo que existe… pero no siempre se aplica
La Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas la cual es complementada con la Ley 2421 de 2024– contempla la participación directa de las víctimas en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas que las afectan. Para ello, se creó el Protocolo de Participación Efectiva, formalizado mediante la Resolución 1668 de 2020. Este documento establece principios como la equidad, la autonomía y la vigilancia social, habilitando a las mesas locales y regionales para ejercer funciones reales de control y veeduría.
Sin embargo, en casos como el de Barranquilla, todo indica que estas instancias fueron ignoradas o limitadas en su ejercicio de vigilancia, lo que permite que recursos puedan ser desviados sin que haya mecanismos eficaces de alerta y control.
¿Quién vigila el cumplimiento?
Una de las funciones esenciales de las Mesas de Participación es precisamente garantizar la correcta ejecución de los recursos que se invierten en su nombre. El Protocolo autoriza a estas instancias a:
- Participar en procesos de planeación.
- Exigir información sobre contratos, cronogramas y avances.
- Presentar veedurías ciudadanas.
- Recibir informes y exigir rendición de cuentas pública.
La ausencia de estos controles permite que los contratos se gestionen como si las víctimas fueran meros receptores, y no actores activos de los procesos de reparación. Es decir, se incumple el espíritu de la Ley 1448: reparar no solo es indemnizar, sino incluir y reconocer.
más allá de un caso, un reflejo de un sistema vulnerable
Lo ocurrido en Barranquilla no es un hecho aislado. Es una radiografía de las brechas institucionales que siguen debilitando las políticas de reparación. Aunque existen normas, protocolos y estructuras como las Mesas de Participación, falta voluntad política para respetarlas, fortalecerlas y garantizar su incidencia real.
Cuando las víctimas no son escuchadas, ni informadas, ni tenidas en cuenta, los procesos de reparación se vuelven frágiles, propensos a irregularidades y manipulables por intereses particulares. Esto perpetúa el daño en lugar de repararlo.
El reto es doble: garantizar transparencia en la gestión de los recursos, pero también empoderar a las víctimas como sujetos políticos capaces de vigilar, exigir y decidir. La transformación no vendrá solo de más leyes, sino de cumplir las que ya existen y de abrir los espacios de participación a quienes han sufrido más y han sido históricamente marginados.
Síntesis: ¿participación o simulación?
La experiencia de Barranquilla debe marcar un punto de inflexión. Es momento de preguntarse: ¿estamos cumpliendo realmente con el principio de participación efectiva? ¿Estamos garantizando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan? ¿O seguimos simulando una inclusión que, en la práctica, no se traduce en poder ciudadano?
La respuesta debe ser estructural. Si no se fortalecen las veedurías sociales y las herramientas de control, los recursos para la paz seguirán siendo vulnerables. Porque sin participación, no hay reparación completa. Solo repetición del abandono.
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