Con una intervención técnica, financiera y comunitaria, el programa busca mejorar la sostenibilidad del servicio en cinco municipios de Cundinamarca
El acueducto regional Sucuneta, que presta servicio a veredas de los municipios de Tausa, Nemocón, Cucunubá, Sutatausa y Cogua, fue integrado oficialmente al programa Agua a la Vereda 3.0, una estrategia que lidera Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) para asegurar el suministro continuo y sostenible de agua potable en el sector rural del departamento.
La inclusión del acueducto forma parte de una apuesta por garantizar un servicio eficiente, adaptado a las necesidades específicas de comunidades rurales históricamente excluidas de las grandes redes urbanas de agua.
Diagnóstico integral y acción conjunta con la comunidad
Durante una visita técnica reciente, el equipo del programa realizó un diagnóstico exhaustivo del acueducto Sucuneta. El análisis abordó dimensiones administrativas, técnicas, financieras, ambientales, sociales y operativas, con el fin de entender a fondo los retos del sistema.
A partir de esta revisión, se estructuró un plan de acción concertado con la comunidad y la Junta Directiva del acueducto, lo que garantiza que las soluciones propuestas respondan a necesidades reales y cuenten con legitimidad local.
Inversión de $100 millones para modernizar el servicio
Como parte del proceso, se destinó una inversión de hasta $100 millones de pesos, orientada a mejorar aspectos clave del sistema, como la operación técnica, la calidad del agua y la sostenibilidad financiera. Además, se busca fortalecer la formalización jurídica y la gobernanza comunitaria del acueducto, pilares esenciales para su consolidación a largo plazo.
Esta intervención hace parte de las acciones que EPC desarrolla en múltiples acueductos rurales de Cundinamarca, priorizando el trabajo técnico con enfoque social y comunitario.
El agua rural como derecho, no como lujo
La incorporación del acueducto Sucuneta al programa Agua a la Vereda 3.0 no solo representa una mejora técnica, sino también un paso clave en el reconocimiento del agua potable como un derecho fundamental en la ruralidad colombiana. Durante décadas, miles de veredas han enfrentado dificultades para acceder a servicios básicos de agua en condiciones adecuadas, quedando al margen de las inversiones públicas más visibles.
Esta intervención muestra un cambio de enfoque: ya no se trata de soluciones aisladas o asistencialistas, sino de procesos estructurados que combinan diagnóstico técnico, inversión inteligente, participación comunitaria y sostenibilidad ambiental. La apuesta por la formalización y la gobernanza no solo profesionaliza la prestación del servicio, sino que empodera a las comunidades para que gestionen su propio bienestar.
El caso de Sucuneta refleja una necesidad urgente pero también una oportunidad histórica: conectar el desarrollo rural al derecho al agua, bajo un modelo que respete la diversidad territorial y promueva la equidad. En contextos donde el acceso al agua aún depende del esfuerzo colectivo y la autogestión, este tipo de programas representan mucho más que infraestructura: son una forma de justicia hídrica y social.
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