Tres décadas de poder no bastan para ocultar los ecos del Bloque Norte. El testimonio de Ashton desnuda la política costeña: una red de lealtades, silencios y favores que aún condiciona al país
En un país que todavía sangra por las heridas del conflicto armado, la verdad judicial vuelve a tocar los cimientos del poder, aquellos que siguen revictimizando en el país.
El testimonio del exsenador Álvaro Ashton Giraldo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo desempolvó los fantasmas de la parapolítica, sino que trazó con precisión un mapa de complicidades que mezcló política, empresa y paramilitarismo en el Caribe colombiano.
En el centro de esta tormenta aparece el nombre del veterano senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, con más de tres décadas en el Congreso y una precandidatura presidencial en marcha.
Su presunta cercanía con estructuras del Bloque Norte de las AUC, según las declaraciones de Ashton, pone a temblar a la clase política costeña y revive un debate que Colombia creyó superado, pero nunca sanado.
Puedes leer: La revolución digital llega al corazón del Rionegro: Yacopí se conecta al futuro
El aporte de Ashton: confesiones de un engranaje del poder
Durante las audiencias del 20 y 21 de febrero de 2025, Ashton relató ante la JEP cómo una red de alianzas entre dirigentes políticos, empresarios y jefes paramilitares permitió a las AUC manipular elecciones, cooptar instituciones y desviar recursos públicos en el Atlántico.
Habló de nombres, pactos y silencios que —en sus palabras— “refundaron el país desde las sombras”.
Su confesión, calificada por la JEP como un aporte significativo a la verdad, llevó a levantar la reserva de la audiencia y remitir sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, para evaluar posibles investigaciones penales.
El documento describe cómo el Frente José Pablo Díaz, bajo el mando de ‘Don Antonio’ y Carlos Mario García Ávila, tejió un entramado político-económico con epicentro en Barranquilla, utilizando entidades como la Alcaldía, la Universidad del Atlántico y la empresa Triple A para blanquear influencia y ganar legitimidad social.
Los nombres que sacuden la política del Caribe
Ashton mencionó a Efraín Cepeda, David Char Navas, Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Gerlein, Armando Benedetti y David Name Terán, entre otros, como figuras que habrían mantenido acuerdos indirectos o colaboraciones políticas con sectores ligados a las AUC.
Según el exsenador, algunos parlamentarios facilitaron partidas del presupuesto nacional que terminaron financiando proyectos controlados por el Bloque Norte.
También aseguró que el debate de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) se convirtió en escenario de presión legislativa, donde artículos como el de sedición y alternatividad penal fueron promovidos para favorecer a los grupos armados.
“Fue una decisión deliberada —dijo Ashton—, un error político y moral que ayudó a consolidar el poder de las autodefensas en la región.”
La JEP valoró su reconocimiento de responsabilidad, así como su compromiso de participar en proyectos de memoria y reparación colectiva para víctimas del Atlántico y Magdalena.
De WikiLeaks al presente: las huellas históricas de una red
Aunque la controversia actual nació en la JEP, las alertas sobre estos vínculos no son nuevas. Un cable diplomático de la Embajada de EE.UU. en Bogotá (WikiLeaks, 2006) ya mencionaba posibles implicaciones de Cepeda y otros congresistas en los esquemas de apoyo político de Jorge 40.
Y mucho antes, el informe “La Sexta División” de Human Rights Watch (2001) advertía sobre alianzas entre paramilitares y funcionarios públicos en regiones del país, anticipando la crisis institucional que años después sería conocida como la “parapolítica”.
Estos documentos no prueban delitos, pero dibujan una continuidad histórica: una clase dirigente que, para sostener el poder, coqueteó con el crimen organizado y permitió la colonización de la política por la violencia.
La batalla política: Petro vs. Cepeda
La tormenta no tardó en tomar matices políticos. El presidente Gustavo Petro calificó las revelaciones de Ashton como una “verdad popular” sobre las mafias del Caribe, insinuando que Cepeda representa una de las caras visibles del poder parapolítico que hoy se resiste a las reformas del gobierno. Incluso el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ironizó en redes: “Ojalá Cepeda cante.”
Desde la oposición, Cepeda respondió y calificó las acusaciones de “calumnias políticas” y anunció denuncias penales contra Ashton, asegurando que no existe prueba alguna en su contra.
El senador, con 14 victorias electorales a su nombre, acusa al gobierno de “usar la justicia como arma” para distraer de escándalos como el de Nicolás Petro.
Entre la verdad y la impunidad: el dilema del Caribe político
La decisión de la JEP de mantener el sometimiento de Ashton abre una grieta en el relato oficial del poder: la parapolítica nunca desapareció, solo mutó. Hoy, cuando nombres de peso vuelven a flotar en el río de la historia, la pregunta no es solo judicial, sino moral: ¿cuántos de los pactos sellados hace veinte años siguen condicionando la política colombiana?
El testimonio de Ashton no busca venganza, sino memoria. Pero la memoria, en un país de silencios rentables, duele más que la condena. La JEP, al revelar estas audiencias, tiene la oportunidad de romper el ciclo de impunidad y devolverle sentido a la justicia transicional.
Porque si algo demostró este caso, es que la verdad incomoda, pero también libera. El Caribe, tierra de ritmos y resistencias, necesita ahora más que nunca una catarsis política que le devuelva su dignidad y le quite la máscara al poder que alguna vez se vistió de democracia para pactar con la guerra.
Y quizá, cuando esas audiencias sean públicas, Colombia descubra que la parapolítica no fue un escándalo del pasado, sino una advertencia que nunca supimos escuchar.
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:
