Más de $2.500 millones en detrimento fiscal por fallas en compras y entregas de kits humanitarios por parte de exfuncionarios de la UNGRD en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez
La Contraloría General de la República impuso una sanción fiscal de $2.517 millones contra antiguos altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como resultado de una investigación que reveló graves irregularidades en la adquisición y distribución de ayudas humanitarias durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Contraloría sanciona a funcionarios del gobierno del expresidente, Iván Duque.
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El fallo, proferido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, halló responsables al entonces director general de la entidad y a tres subdirectores encargados del manejo de desastres, por haber incurrido en culpa grave en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control.
Compras infladas y ayudas incompletas
De acuerdo con los hallazgos del organismo de control, el daño fiscal provino de dos situaciones principales. Primero, se detectaron sobrecostos en la adquisición de kits humanitarios, comprados por encima del precio promedio del mercado sin justificación válida. Segundo, varios contratos no cumplieron con lo estipulado, ya que los proveedores entregaron menos productos o en condiciones inferiores a lo pactado.
Estas fallas no solo afectaron la correcta ejecución de los contratos, sino que perjudicaron directamente a miles de familias que debían recibir las ayudas durante uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
Supervisión deficiente y falta de controles
La investigación también señala que la UNGRD presentó serias deficiencias en su capacidad de supervisión y control contractual. La entidad no implementó mecanismos adecuados para verificar la calidad y cantidad de los bienes entregados, lo que permitió que las irregularidades se repitieran sin consecuencias inmediatas.
La falta de controles oportunos contribuyó a que se ejecutaran entregas incompletas y con sobrecostos, sin que se activaran acciones correctivas o sanciones a los proveedores involucrados.
Responsabilidad directa de los exfuncionarios
El informe de la Contraloría concluye que los exfuncionarios sancionados omitieron su deber de asegurar la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto de crisis nacional donde cada peso invertido debía representar una respuesta efectiva para la población vulnerable.
La sanción fiscal impuesta tiene como objetivo reparar el daño causado al Estado, y se convierte en una señal clara sobre la importancia de actuar con integridad y rigor en la administración pública durante situaciones de emergencia.
La corrupción también hiere en las crisis
Este caso no solo evidencia un problema de gestión pública, sino una profunda traición a la confianza ciudadana en un momento de extrema vulnerabilidad. Las ayudas humanitarias durante una pandemia no son simples cifras en un contrato: son alimentos, insumos y alivio que muchas personas esperaban con urgencia. Que esos recursos hayan sido manipulados o desviados, habla de una corrupción que tiene consecuencias humanas directas.
La falta de controles, la permisividad ante los sobrecostos y la entrega de productos incompletos reflejan una cultura institucional deficiente, que debe ser revisada más allá de las sanciones individuales. Si bien el fallo de la Contraloría representa un avance hacia la rendición de cuentas, también abre la puerta a una conversación más amplia sobre cómo blindar la gestión de riesgos y emergencias frente a intereses particulares.
Hoy, cuando el país sigue enfrentando nuevos retos humanitarios y ambientales, la transparencia debe ser una política preventiva, no una respuesta tardía.
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