Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia de Colombia con un discurso de autoridad, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su trayectoria como abogado está marcada por la representación de personajes que pertenecieron a los círculos del paramilitarismo y el narcotráfico. Ahora, una investigación federal en Estados Unidos vuelve a poner bajo la lupa una de esas relaciones: la que mantuvo con Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche.
La historia no es menor. Boliche fue operador del narcotráfico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hombre cercano a Salvatore Mancuso, posteriormente informante de agencias federales estadounidenses y, según una investigación de N+ Univision Investiga, asistente legal durante varios años en Miami de De La Espriella.
Hernández se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos por una presunta trama de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. La acusación del FBI sostiene que habría exigido al menos 4,1 millones de dólares a narcotraficantes, prometiéndoles reducciones de condenas y beneficios judiciales que no podía garantizar.
La pregunta que hoy debe responder el presidente no es si tenía derecho a defender a personas cuestionadas: ese derecho forma parte de las garantías del Estado de derecho. La pregunta es qué tan profunda fue su relación profesional con Boliche, qué conocía sobre sus actividades y si la investigación estadounidense llegará a revelar información sobre los vínculos entre el antiguo informante, los abogados de su entorno y los negocios jurídicos que se movían en Miami.
Boliche: el antiguo hombre de confianza de Mancuso que terminó colaborando con Estados Unidos
Antes de convertirse en informante federal, Jorge Luis Hernández Villazón hizo parte de la estructura del narcotráfico vinculada al Bloque Norte de las AUC.
De acuerdo con los antecedentes reconstruidos por N+ Univision y las investigaciones sobre el paramilitarismo, Boliche fue uno de los operadores del transporte de cocaína por el Caribe. Su jefe en ese negocio era Salvatore Mancuso, con quien llegó a mantener una relación de confianza.
El propio Mancuso lo señaló como una persona que propuso a las AUC vincularse al narcotráfico para financiar sus estructuras. La relación terminó deteriorándose por problemas relacionados con cargamentos de droga y cuentas del negocio. Hernández huyó y posteriormente se convirtió en colaborador de las autoridades estadounidenses.
Según el perfil criminal citado por Univision, en 2004 comenzó su trabajo como informante federal y participó en la operación Panama Express, coordinada por la DEA y otras agencias para combatir el narcotráfico en el Caribe.
Durante aproximadamente 25 años habría colaborado con organismos como la DEA, el FBI y Homeland Security Investigations. Ese historial, que ahora está en el centro de una disputa judicial en Florida, es precisamente uno de los elementos que podrían ayudar a reconstruir sus contactos, actividades y relaciones profesionales.
De asistente legal de De La Espriella a protagonista de una investigación del FBI
La investigación de N+ Univision Investiga, publicada por el periodista Gerardo Reyes, documentó que Hernández trabajó durante varios años como asistente legal de diferentes firmas de abogados en Miami, entre ellas De La Espriella Lawyers Enterprise, establecida en esa ciudad en 2018.
El reportaje señala que Boliche mantenía una relación de lealtad con De La Espriella y que, según fuentes consultadas bajo reserva, su vínculo iba más allá de lo estrictamente laboral. Una de esas fuentes lo describió como chofer, guía e intermediario del abogado en Miami.
La investigación también señala que Hernández habría introducido a De La Espriella en círculos de abogados que representaban a narcotraficantes, agentes federales e informantes, además de presentarle posibles clientes a cambio de comisiones por remisión.
En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, De La Espriella reconoció que conoció a Hernández en la oficina de un abogado de Miami, en presencia de un agente federal, pero restó importancia a la relación. Según Univision, el abogado no respondió el cuestionario que el periodista Gerardo Reyes le envió sobre el alcance de ese vínculo ni sobre posibles comisiones relacionadas con los pagos investigados en Tampa.
Abelardo: de tigre a «Coconspirador 1»
El expediente estadounidense, por su parte, menciona a un «Coconspirador 1», descrito como un abogado colombiano perteneciente a una firma que representa regularmente a personas que enfrentan procesos de extradición.
Univision, con base en tres fuentes cercanas al caso, identificó a esa persona como Daniel Peñarredonda Gómez, abogado que fue socio de De La Espriella y uno de sus colaboradores cercanos. La identificación periodística no equivale a una acusación formal contra Peñarredonda: en el expediente aparece como un supuesto cómplice no acusado.
La pregunta es inevitable: ¿qué papel desempeñaba cada integrante de ese entorno jurídico y qué información tiene la justicia estadounidense sobre las relaciones entre Boliche y los abogados que trabajaban con él?
Los 4,1 millones de dólares que investiga la justicia estadounidense
La denuncia de una agente especial del FBI, presentada en diciembre de 2025 y divulgada por El Espectador, sostiene que desde 2020 Hernández habría ofrecido a narcotraficantes colombianos y dominicanos conseguirles reducciones sustanciales de condena en Estados Unidos.
Según la acusación, utilizaba su trayectoria como informante federal y sus contactos en el mundo jurídico para convencer a personas procesadas o solicitadas en extradición de que podía conseguirles beneficios judiciales.
El monto total que habría exigido alcanzaría al menos 4,1 millones de dólares. Los pagos, de acuerdo con los documentos citados por el medio, se habrían realizado mediante transferencias, efectivo, vehículos, joyas y otros bienes.
La denuncia también describe la participación de colaboradores en Colombia y República Dominicana para recaudar dinero. En algunos episodios se menciona la intervención de un abogado colombiano identificado en el expediente como «Coconspirador 1».
Uno de los aspectos más delicados es que, según el relato de la Fiscalía estadounidense, Boliche habría presentado a los posibles clientes equipos jurídicos que supuestamente podían garantizarles condenas reducidas, incluso cuando enfrentaban delitos con penas mínimas de diez años y máximas de cadena perpetua.
Estos señalamientos forman parte de una acusación penal y deben resolverse en los tribunales. No constituyen por sí solos una condena contra Hernández ni una declaración de responsabilidad de los abogados mencionados.
Pero el caso sí pone bajo escrutinio una red de contactos profesionales que merece ser esclarecida, especialmente por la posición que hoy ocupa De La Espriella.
El juez de Tampa ordenó entregar el historial de Boliche como informante federal
Uno de los hechos más relevantes de esta investigación ocurrió en la corte federal de Tampa, Florida. El juez William Jung ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa de Hernández la documentación disponible sobre su trayectoria como informante de las agencias federales estadounidenses. El material incluye reportes, registros de pagos, desembolsos y documentos relacionados con su colaboración con la DEA, el FBI y Homeland Security Investigations.
La información permanece bajo reserva y, por ahora, está destinada a la defensa. Sin embargo, N+ Univision Investiga explicó que, si el proceso llega a juicio, parte de esos documentos podría ser expuesta durante las actuaciones judiciales. Este punto es fundamental para Colombia.
El historial de Boliche podría permitir reconstruir no solamente las operaciones en las que colaboró con las autoridades, sino también sus contactos con abogados, intermediarios y personas vinculadas a procesos por narcotráfico. La documentación podría aportar elementos para examinar qué conocían quienes trabajaron con él y cuál fue el alcance de sus relaciones profesionales.
No significa que De La Espriella esté acusado en ese proceso ni que exista una decisión judicial que lo vincule con los delitos atribuidos a Hernández. Pero tampoco es un asunto que pueda despacharse como una simple anécdota de la vida laboral de un abogado que hoy ocupa la Presidencia.
Si los documentos revelan nuevas conexiones, pagos o comunicaciones, las autoridades y la opinión pública tendrán razones para exigir explicaciones adicionales. De hecho, puede ser una de las razones para acabar con la JEP.
De La Espriella también fue abogado de Salvatore Mancuso
La relación con Boliche no es el único antecedente que conecta la trayectoria profesional del mandatario con el paramilitarismo.
El perfil publicado por El Colombiano sobre De La Espriella documentó que, a través de su firma, representó a Salvatore Mancuso, a Jorge Luis Hernández, alias Boliche, y a otros personajes como Macaco, Mono Abello y Tuso Sierra.
Además, en una investigación de La Silla Vacía sobre la relación histórica entre De La Espriella y Mancuso, se recordó que ambos estudiaron en Montería y que el actual presidente organizó, cuando tenía 26 años, foros universitarios en el marco de los acercamientos entre el Gobierno y las autodefensas en Santa Fe de Ralito.
En 2008, De La Espriella declaró a la revista Semana: «Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses».
La frase adquiere otra dimensión cuando se observa el discurso que hoy sostiene desde la Presidencia frente a sus adversarios políticos y el uso de las declaraciones de antiguos comandantes paramilitares para cuestionar al gobierno anterior.
La defensa jurídica de un acusado no convierte al abogado en responsable de sus delitos. De La Espriella ha defendido ese argumento y tiene derecho a hacerlo. Pero una cosa es ejercer legítimamente la abogacía y otra es pretender que los antecedentes profesionales de quien gobierna el país queden fuera del escrutinio público.
Además, El Colombiano informó que dos investigaciones que en 2009 y 2012 examinaron presuntos vínculos paramilitares de De La Espriella fueron precluidas por la Fiscalía por falta de pruebas suficientes. El medio señaló que no registraba condenas ni investigaciones activas en esa materia. Ese dato también debe quedar claro: la crítica política no puede convertirse en una imputación penal sin sustento.
Mancuso, el gestor de paz y el episodio que terminó favoreciendo a De La Espriella
La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Salvatore Mancuso denunció que delegados del gobierno de Gustavo Petro solicitaron a antiguos comandantes de las AUC hablar públicamente contra tres figuras políticas: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
Según Mancuso, la petición se produjo durante una reunión en Valledupar, entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, en la que participaron antiguos jefes paramilitares y funcionarios del Gobierno. El encuentro, explicó, debía servir para revisar los compromisos pendientes del proceso de Santa Fe de Ralito, incluidos asuntos de verdad, reparación, entrega de bienes y reincorporación.
El excomandante aseguró que Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y Víctor de Currea-Lugo, asesor presidencial, les solicitaron divulgar información contra los tres dirigentes. Afirmó que ninguno aceptó y que, después de ese episodio, la mesa dejó de convocarse.
Mancuso precisó que Petro nunca le hizo directamente esa solicitud. La versión de los hechos fue respaldada por su abogado Juan Carlos Villamizar, quien aseguró que no hubo un pacto para fabricar acusaciones.
Víctor de Currea-Lugo, por su parte, negó haber recibido instrucciones del Gobierno y sostuvo que sus comunicaciones posteriores con Mancuso fueron iniciativas personales como periodista. Petro también rechazó los señalamientos.
Las declaraciones de Mancuso tienen tigre encerrado
La historia tiene un elemento que no puede ignorarse: Mancuso fue designado gestor de paz por el Gobierno Petro y ahora sus declaraciones se han convertido en un instrumento de confrontación política que favorece al actual presidente.
De La Espriella reaccionó atacando al exministro Armando Benedetti y cuestionando al expresidente Petro. Sin embargo, el mandatario no puede utilizar la historia de Mancuso solamente cuando sus declaraciones le resultan políticamente útiles y guardar silencio frente a su propia trayectoria profesional con antiguos integrantes de las AUC.
La pregunta que De La Espriella no puede eludir
El presidente tiene explicaciones pendientes sobre su relación profesional con Boliche, el papel que este desempeñó en su firma de Miami y los vínculos que la investigación estadounidense atribuye a personas del entorno jurídico con el que trabajó.
También debe responder por qué su discurso contra el narcotráfico y el paramilitarismo no parece someter su propia trayectoria al mismo nivel de escrutinio que exige para sus adversarios.
El problema no es haber defendido a Mancuso o a otros procesados: la defensa jurídica es un derecho. El problema político está en la distancia entre el discurso público de quien hoy ejerce el poder y las relaciones profesionales que construyó antes de llegar a la Presidencia.
Colombia no necesita una memoria selectiva, en la que los antiguos paramilitares se conviertan en fuentes de verdad cuando sus declaraciones golpean al adversario y en personajes incómodos cuando sus historias rozan al poder.
Abelardo De La Espriella debe explicar qué sabía de Boliche, cuál fue el alcance de su relación y qué espera que revele el expediente de Tampa. Porque si el pasado de Mancuso sirve para cuestionar a Petro, el pasado profesional del presidente también debe poder ser examinado. La Presidencia no puede convertirse en un escudo frente a las preguntas que surgen de una investigación judicial en Estados Unidos.
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