El Juzgado 85 Civil de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá concedió una tutela presentada por la senadora Jennifer Pedraza Sandoval contra el dirigente político David Toledo Ospina, luego de varias publicaciones en redes sociales en las que se vinculó a la congresista con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La decisión judicial, emitida el 28 de septiembre de 2026, amparó los derechos fundamentales de Pedraza a la rectificación en condiciones de equidad, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y el debido proceso.
El proceso se originó por contenidos difundidos por Toledo los días 25, 26 y 29 de agosto en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok.
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El juez ordenó retirar o modificar las publicaciones
De acuerdo con la decisión reportada sobre el caso, el despacho judicial ordenó a Toledo editar o corregir las publicaciones bajo su control, retirando las expresiones que asociaban a Jennifer Pedraza con el ELN.
La orden estableció un plazo de dos días desde la notificación del fallo para realizar las modificaciones. Adicionalmente, publicar una rectificación en las mismas plataformas y con un alcance comunicativo equivalente al de los contenidos cuestionados.
El juzgado consideró que las publicaciones presentaban como un hecho comprobado una supuesta vinculación de la congresista con el grupo armado, y no simplemente como una opinión dentro del debate político.
La medida judicial no significa que el debate político sobre Pedraza o sus posiciones públicas quede restringido. El punto central del fallo está relacionado con la forma en que se presentaron las afirmaciones y con la protección de derechos fundamentales frente a señalamientos que el despacho consideró lesivos.
Toledo impugnó el fallo
El caso, sin embargo, todavía no está cerrado. David Toledo impugnó la decisión de primera instancia y manifestó públicamente que no realizaría la corrección mientras se resuelve el recurso. El 5 de octubre de 2026, el juzgado concedió la impugnación y dispuso que el expediente fuera remitido para el trámite de segunda instancia ante un juzgado civil del circuito de Bogotá.
Toledo también ha sostenido públicamente que, a su juicio, las afirmaciones que realizó tienen sustento y cuestionó que la decisión judicial haya ordenado una rectificación. Esa posición hace parte de la controversia que ahora deberá ser examinada por el juez de segunda instancia.
Pedraza: “Esto no es libertad de expresión”
Tras conocer la decisión, Jennifer Pedraza defendió el fallo y sostuvo que las acusaciones sobre supuestos vínculos con el ELN pueden generar riesgos para quienes son señalados.
La senadora ha insistido en diferenciar la crítica política de las acusaciones que presentan como hechos determinados vínculos con organizaciones armadas.
La controversia también llegó a otras instituciones. En agosto, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos de difundir acusaciones sin fundamento contra la congresista y pidió evitar señalamientos que pudieran poner en riesgo su vida e integridad.
Una disputa que ahora pasa a segunda instancia
El caso pone nuevamente sobre la mesa los límites entre libertad de expresión, crítica política y protección del buen nombre en las redes sociales.
Por ahora, existe una decisión judicial de primera instancia que ordenó retirar o modificar los contenidos y realizar una rectificación. Sin embargo, esa decisión fue impugnada y será revisada por un juez de segunda instancia.
La controversia judicial continúa mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas sobre las publicaciones que originaron el proceso.
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