El expresidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de replantear el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta y lanzó un llamado a la ciudadanía para organizarse alrededor de la defensa del abastecimiento de agua potable.
A través de su cuenta oficial en X, Petro invitó a “todas las fuerzas de Santa Marta a conformar el comité cívico en defensa del agua”.
El pronunciamiento se produjo después de que De La Espriella anunciara que el proyecto de las plantas desalinizadoras no continuará en los términos en que había sido estructurado, al considerar que los análisis técnicos indican que “no es viable”. El mandatario señaló que los recursos están asegurados, pero deberán estudiarse otras alternativas para resolver el déficit de agua de la ciudad.
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Petro cuestiona la decisión y pone sobre la mesa otras alternativas
En su mensaje, el expresidente sostuvo que la desalinizadora ya estaba financiada y contaba con estudios de diseño. A partir de esa afirmación, cuestionó que el proyecto sea sustituido por alternativas que, según planteó, podrían superar los dos billones de pesos.
Petro también mencionó propuestas relacionadas con llevar agua desde la Sierra Nevada o desde el río Magdalena. Además, atribuyó una de esas alternativas al dirigente político Alex Char.
El expresidente aseguró que la desalinización tendría un costo inferior al de esas opciones y cerró su mensaje con un llamado a la movilización ciudadana en Santa Marta.
Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Petro y deben diferenciarse de la información oficial disponible sobre el estado contractual del proyecto.
¿Había realmente un contrato para construir la desalinizadora?
Este es uno de los puntos centrales de la controversia. En agosto, ESSMAR aclaró públicamente que no adelantaba en ese momento ningún proceso de licitación, adjudicación o contratación para ejecutar las plantas desalinizadoras.
La empresa explicó que lo realizado durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos correspondía a una solicitud de ofertas no vinculantes. Es decir, cotizaciones que no constituían una licitación ni implicaban la celebración de un contrato.
La propia empresa señaló que ese procedimiento terminó el 7 de agosto de 2026, cuando finalizó la intervención de la Superservicios y ESSMAR regresó a la administración del Distrito de Santa Marta.
Sin embargo, el proyecto sí había avanzado en su estructuración. En junio, el Ministerio de Vivienda anunció el inicio de un proceso de selección para contratar una planta desalinizadora, mientras ESSMAR publicó documentación técnica relacionada con el proyecto.
Un proyecto que cambia de rumbo
El Gobierno de De La Espriella anunció ahora que la alternativa de las desalinizadoras será replanteada debido a consideraciones técnicas. El presidente sostuvo que los recursos previstos no desaparecerán, sino que serán destinados a una nueva solución que deberá definirse con el alcalde de Santa Marta y el Ministerio de Vivienda.
El anuncio representa un cambio frente a la ruta que se había venido desarrollando durante los meses anteriores. El proyecto contemplaba infraestructura de desalinización como una de las alternativas para enfrentar el déficit histórico de agua potable de la capital del Magdalena.
En junio, el Gobierno había presentado la iniciativa como una solución para fortalecer el abastecimiento de agua potable. Con ello, reducir la vulnerabilidad de Santa Marta frente a los problemas de suministro.
La discusión ahora pasa por la nueva solución para Santa Marta
La controversia política queda planteada en dos frentes: qué alternativa reemplazará a las desalinizadoras y cuál será el destino de los recursos previstos para el proyecto.
Mientras el Gobierno sostiene que los análisis técnicos llevaron a descartar la solución en su forma actual, Petro defiende la alternativa de la desalinización y cuestiona las opciones que, según su planteamiento, podrían resultar más costosas.
Por ahora, el Gobierno anunció que estudiará nuevamente las alternativas de abastecimiento de agua junto con las autoridades locales. El Ministerio de Vivienda deberá participar en esa revisión para determinar cuál proyecto puede avanzar.
La discusión deja además un dato que resulta clave para entender el caso: la existencia de recursos y documentos técnicos del proyecto no equivale a que hubiera una obra contratada o adjudicada. ESSMAR había hecho esa precisión públicamente antes del anuncio presidencial.
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