La decisión del Gobierno nacional de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) abrió un nuevo debate sobre la política exterior del país y su relación con la protección internacional de los derechos de las personas LGBTIQ+.
La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre el alcance y los fundamentos de la decisión y señaló que el retiro no debería traducirse en un debilitamiento de las garantías de igualdad y no discriminación.
La Cancillería, por su parte, explicó que la salida fue adoptada después de un análisis que concluyó que la participación de Colombia en este mecanismo no era prioritaria. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, aseguró que la decisión no implica una afectación de derechos y sostuvo que Colombia mantiene un marco constitucional, legal y jurisprudencial de protección para las personas por su orientación sexual.
Defensoría pide claridad sobre el alcance de la decisión
La preocupación expresada por la Defensoría no se centra únicamente en la pertenencia formal a la coalición. El organismo plantea que cualquier modificación de la actuación internacional de Colombia en esta materia debe ser compatible con las obligaciones permanentes del Estado en materia de derechos humanos.
En su pronunciamiento del 18 de septiembre de 2026, la entidad recordó que los derechos de las personas LGBTIQ+ no dependen de una administración específica y pidió que se mantengan los espacios de participación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
La Defensoría también señaló que las señales institucionales adquieren especial relevancia en un contexto en el que persisten hechos de discriminación, estigmatización y violencia asociados a prejuicios contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
Las cifras de violencia que pone sobre la mesa la Defensoría
Para sustentar su llamado, el organismo citó información reportada por la Fiscalía General de la Nación.
Según los datos recogidos por la Defensoría, durante 2025 se registraron 74 asesinatos de personas OSIGNH, de los cuales 27 correspondieron a transfeminicidios. Para 2026, con corte al 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, incluidos 17 transfeminicidios.
La propia Defensoría había señalado previamente, en su balance sobre derechos humanos, que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas enfrentan riesgos diferenciados asociados a la discriminación y el prejuicio.
Estas cifras forman parte del contexto utilizado por la entidad para pedir que las decisiones relacionadas con la política exterior tengan en cuenta sus posibles efectos sobre las poblaciones cuyos derechos busca proteger el Estado.
¿Qué es la Coalición por la Igualdad de Derechos?
La Equal Rights Coalition es un mecanismo internacional de cooperación entre Estados orientado a promover la igualdad y combatir la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ+.
La salida de Colombia significa abandonar ese espacio de cooperación, pero la Cancillería sostiene que ello no modifica las obligaciones nacionales de protección de derechos. El Gobierno también argumentó que Colombia cuenta con normas, políticas públicas y decisiones de la Corte Constitucional que protegen a las personas por su orientación sexual.
La diferencia entre ambas posiciones está, por ahora, en el alcance que cada institución atribuye a la decisión: mientras la Cancillería la presenta como una determinación de política exterior que no afecta derechos, la Defensoría solicita conocer sus fundamentos y advierte sobre la necesidad de evaluar sus posibles impactos.
El caso sigue abierto
La Defensoría anunció que mantendrá abiertos los canales de diálogo con la Cancillería y ofreció acompañamiento técnico para analizar los efectos que pueda tener la decisión sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.
El punto central del debate no es únicamente la permanencia de Colombia en una coalición internacional, sino cómo esta decisión se articula con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y con las políticas destinadas a prevenir la discriminación y las violencias por prejuicio.
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