Contratistas de Familias en su Tierra denuncian más de tres meses sin pago. FUPAD recibió más de $105.000 millones en desembolsos de Prosperidad Social
FUPAD recibe más de $105.000 millones y contratistas de Familias en su Tierra siguen esperando su plata: ¿Aquí hay gato encerrado? (II)
Tras el caso de las 2.800 mujeres que denunciaron la falta de entrega de incentivos productivos, una nueva denuncia apunta a retrasos de más de tres meses en los pagos a contratistas de Familias en su Tierra. Los dos casos involucran convenios ejecutados por FUPAD y recursos públicos ya desembolsados por prosperidad Social
En Noticias La Voz Realities hay una pregunta que vuelve a aparecer: ¿qué está pasando con los recursos públicos que llegan a FUPAD para ejecutar programas sociales?
La pregunta no surge de un solo caso. Primero fueron 2.800 mujeres vinculadas a un convenio de aproximadamente $23.870 millones quienes quedaron en el centro de una investigación periodística de este medio por la falta de entrega de los incentivos productivos previstos.
Ahora aparecen nuevos denunciantes. Contratistas vinculados al programa Familias en su Tierra, correspondiente al Convenio 920-FIP-2024, aseguran que llevan más de tres meses sin recibir sus honorarios, pese a que documentos relacionados con la ejecución del convenio registran desembolsos de Prosperidad Social a FUPAD que superarían los $105.000 millones. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse seria.
El antecedente publicado por Noticias La Voz Realities reveló cuestionamientos alrededor del Convenio F.S.B. 026-2026, destinado a beneficiar a 2.800 mujeres cabeza de familia mediante incentivos productivos.
Las beneficiarias recibieron un comunicado de cierre en el que se informaba que no habría nuevas entregas, generando interrogantes sobre los recursos y bienes que estaban contemplados dentro del programa.
Ahora, un nuevo grupo de personas vinculadas a otro programa social afirma enfrentar una situación distinta, pero con un elemento que llama la atención: también señalan a FUPAD como ejecutora y también existen recursos públicos desembolsados.
No estamos hablando del mismo convenio ni de los mismos beneficiarios. Pero las coincidencias son suficientes para formular una pregunta incómoda: ¿Estamos ante dos problemas administrativos independientes o frente a un patrón que está terminando por afectar la ejecución de programas sociales?
Más de $105.000 millones y trabajadores esperando
De acuerdo con la documentación entregada a este medio, Prosperidad Social habría desembolsado a FUPAD tres partidas relacionadas con el Convenio 920-FIP-2024:
$28.209 millones, en enero de 2025.
$42.314 millones, en septiembre de 2025.
$34.751 millones, en agosto de 2026.
La suma supera los $105.000 millones. Mientras esos recursos aparecen registrados dentro de la ejecución financiera, contratistas que aseguran trabajar en el territorio denuncian que llevan meses esperando sus pagos.
Aquí está el meollo del asunto: la plata pública sí salió del Estado; lo que los denunciantes aseguran que no está llegando oportunamente es su pago.
Por eso, la investigación debe establecer cuál ha sido la ruta de esos recursos y cuánto dinero ha sido efectivamente destinado al pago de honorarios, operación, actividades y demás obligaciones del convenio.
“Nos toca poner de nuestro bolsillo”
Los denunciantes, que solicitaron reserva de identidad, aseguran que para continuar desarrollando sus actividades han tenido que asumir gastos que normalmente deberían estar relacionados con la ejecución del programa.
Transporte.
Alimentación.
Desplazamientos a zonas rurales.
Seguridad social.
Incluso endeudamiento.
La situación resulta especialmente delicada para quienes deben desplazarse constantemente para cumplir las actividades previstas en territorio.
Pero hay otro elemento que aumenta las dudas: las comunicaciones enviadas para solicitar explicaciones sobre los pagos.
Este medio recibió evidencias de correos y comunicaciones mediante los cuales algunos contratistas solicitaron información sobre sus honorarios pendientes y aseguran no haber obtenido respuesta satisfactoria.
¿Casualidad o patrón?
Aquí aparece la palabra que puede cambiar la lectura de esta historia: saboteo. Noticias La Voz Realities ya documentó un caso anterior en el que beneficiarias de un programa social denunciaron que los incentivos productivos previstos no fueron entregados.
Ahora aparecen contratistas de otro programa afirmando que tampoco están recibiendo oportunamente los recursos que les corresponden por su trabajo.
Dos grupos afectados.
Recursos públicos involucrados.
Una misma organización ejecutora.
Dos convenios.
Y dos preguntas que empiezan a tomar fuerza: ¿Es simplemente una cadena de errores administrativos o existe un problema más profundo en la ejecución de estos programas?¿Puede hablarse de un eventual saboteo de la política social? La respuesta definitiva todavía requiere investigación y pruebas.
Pero desde el punto de vista, la coincidencia ya merece ser investigada como un posible patrón y no tratada como un hecho aislado.
El efecto termina golpeando al programa social
Hay algo que sí resulta evidente independientemente de cuál sea la explicación final. Cuando un contratista encargado de llegar a una comunidad no recibe oportunamente sus honorarios, la operación territorial puede verse afectada.
Y cuando una beneficiaria no recibe el incentivo productivo prometido, el objetivo social del programa también queda comprometido. Por eso, el problema trasciende la relación contractual entre FUPAD y sus trabajadores.
La pregunta es si los recursos destinados por el Estado están cumpliendo finalmente el propósito para el cual fueron asignados.
FUPAD tiene varias preguntas por responder
Noticias La Voz Realities considera necesario que FUPAD explique públicamente: ¿Cuántos contratistas de Familias en su Tierra tienen pagos pendientes?¿Cuál es el valor total de esa cartera?¿Por qué existen retrasos superiores a tres meses, según los denunciantes?¿Cuánto de los más de $105.000 millones desembolsados ha sido ejecutado y en qué conceptos?¿Qué recursos permanecen disponibles?¿Por qué algunas comunicaciones de contratistas no habrían recibido respuesta?
Y, sobre todo: ¿Qué relación existe entre estos retrasos y los cuestionamientos revelados anteriormente por este medio sobre el Convenio F.S.B. 026-2026?
Prosperidad Social también debe explicar sus controles
La responsabilidad de esclarecer lo ocurrido no corresponde exclusivamente a FUPAD. Prosperidad Social, como entidad estatal vinculada al financiamiento de estos programas, también debe explicar cuáles fueron los mecanismos de supervisión utilizados para verificar la ejecución de los recursos.
Si los recursos fueron desembolsados, debe existir una trazabilidad. ¿Cuánto dinero se giró? ¿Cuánto se ejecutó? ¿Cuánto se pagó? ¿A quiénes? ¿Cuánto queda pendiente? ¿Y qué informes de supervisión existen? Son preguntas básicas cuando se habla de recursos públicos. La respuesta la encontramos en las facturas a las cuales tuvimos acceso como la siguientes:
Ambas facturas como pueden ver en la siguiente imagen han sido canceladas por Prosperidad Social, la suma son $70.523.585.082. Es decir, los pagos ya se hubiesen realizados.
¿Saboteo o incapacidad administrativa?
Por ahora, sería irresponsable presentar como hecho probado que existe una operación deliberada para sabotear los programas sociales. Pero también sería ingenuo ignorar las coincidencias.
Desde Noticias La Voz Realities no estamos afirmando que exista una conducta penal de saboteo. Pero colocamos sobre la mesa una hipótesis que merece ser investigada a partir de hechos que ya han sido denunciados y documentados.
Si dos convenios distintos terminan generando cuestionamientos sobre la entrega efectiva de los beneficios o recursos previstos, y ambos tienen como ejecutora a la misma organización, el asunto merece respuestas.
Porque si todo tiene una explicación administrativa, FUPAD y Prosperidad Social tienen la oportunidad de entregarla. Y si existen irregularidades, serán los organismos competentes quienes deberán determinar responsabilidades.
La plata pública tiene que llegar a donde debe llegar
El asunto de fondo no es solamente FUPAD, es la gente, las mujeres que esperan un incentivo, los trabajadores que recorren territorios para ejecutar un programa.
Las comunidades que esperan que una política pública llegue hasta su puerta y los ciudadanos que financian esos programas mediante sus impuestos. Por eso esta investigación continuará.
Noticias La Voz Realities seguió la ruta de los recursos, y con el documento del convenio dimos las respuestas oficiales con los hallazgos a disposición de la ciudadanía. La Fundación Panamericana el desarrollo Colombia, debió contar con un valor en especie de $11 mil millones discriminados así:
Contrapartida que debería tener el FUPAD para cancelar los honorarios a contratistas
Porque cuando las cuentas no cuadran, hay que preguntar. Y cuando el mismo problema aparece más de una vez, hay que investigar. De hecho, en el convenio entre FUPAD y Prosperidad Social, de la contrapartida debieron recibir sus honorarios, para lo cual el operador debería contar con $1.000.000.000 tal y como indicamos en la siguiente imagen.
Aquí no se trata de señalar por señalar. Se trata de saber dónde quedó la plata y por qué quienes debían recibirla todavía están esperando.
Cuando una organización recibe el dinero del Estado, no paga a quienes ejecutan el programa en el territorio, no entrega los incentivos prometidos a las comunidades y además guarda silencio ante los reclamos, el resultado objetivo es el mismo: se debilita la ejecución de los programas sociales del gobierno.
Llámese negligencia, incapacidad o algo más. El efecto es el deterioro de la política pública. “Primero fueron las beneficiarias.Ahora son los contratistas. ¿Casualidad o patrón?”
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
