La Alcaldía de Cali asegura que no habrá desalojos masivos y propone una estrategia concertada para atender el fallo judicial que ordena recuperar el espacio en el centro de la ciudad
En febrero de 2025, un juez de la República emitió una sentencia en segunda instancia que ordena la reorganización del espacio público en la calle 14 entre carreras 5 y 10 en Cali. La decisión busca no solo la recuperación física del espacio, sino también la protección de los derechos de los vendedores informales, muchos de ellos con años de trabajo en el sector.
En respuesta, la Administración Distrital presentó al juez una metodología de intervención integral, con enfoque social, que ya empezó a ser explicada por voceros oficiales a los comerciantes del centro.
No habrá desalojos masivos: así lo aclara la Alcaldía
Ante el clima de incertidumbre entre los vendedores informales, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), Jorge Alexander Moreno, fue enfático: “No habrá un desalojo masivo”. Durante un diálogo con comerciantes que se manifestaron en la plazoleta del CAM, Moreno explicó que la intervención se basará en una caracterización previa de los vendedores, la cual será realizada en presencia del Ministerio Público.
El objetivo de este registro es identificar perfiles prioritarios, como madres cabeza de hogar o personas con larga trayectoria en el espacio público, para diseñar soluciones diferenciadas y respetuosas de sus condiciones sociales.
La estrategia: ordenamiento con rostro humano
La caracterización es solo el primer paso. A partir de los datos recopilados, la Alcaldía iniciará una reorganización progresiva del espacio público, con una propuesta de módulos estandarizados de venta (de 1,20 x 1 metro) que faciliten la movilidad peatonal, el acceso a servicios de emergencia y un entorno más seguro para todos.
En 2022 se habían identificado 102 vendedores en la zona; hoy la cifra ha crecido a alrededor de 220. Esta realidad ha elevado la presión sobre el espacio y ha motivado la urgencia de una intervención ordenada.
Moreno subrayó que las Secretarías de Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico y Participación Ciudadana están articuladas en el proceso y que se ofrecerán alternativas reales a los comerciantes, como rutas de formalización, capacitación y acceso a programas institucionales.
Entre la legalidad y la dignidad laboral
El caso de la calle 14 en Cali refleja una tensión común en muchas ciudades latinoamericanas: la disputa entre el derecho al trabajo informal y la necesidad de recuperar el espacio público como bien colectivo. En lugar de recurrir a operativos de choque o estigmatizar la economía popular, la actual administración apuesta por una salida negociada, que parte del reconocimiento del vendedor como sujeto de derechos.
Este enfoque se alinea con principios de justicia social y planificación urbana inclusiva. Sin embargo, su éxito dependerá de dos factores clave: la transparencia del proceso de caracterización y la calidad real de la oferta institucional. No basta con ofrecer alternativas, estas deben ser viables, sostenibles y adaptadas a las condiciones reales de los trabajadores informales.
Además, el fallo judicial, aunque legítimo, obliga a repensar cómo el Estado interviene en contextos urbanos marcados por la informalidad estructural. El reto está en no repetir esquemas de exclusión y en asegurar que la reorganización del espacio público no se traduzca en pérdida de sustento para cientos de familias.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la estética urbana, sino el modelo de ciudad que se quiere construir: una Cali donde el orden y la inclusión vayan de la mano, sin sacrificar dignidad por legalidad.
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