El presidente confrontó a los grandes medios, expuso datos del Índice de Precios al Productor y sostuvo que el aumento salarial no ha encarecido la vida ni la producción en Colombia.
En una alocución televisada de tono directo y confrontacional, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas que han intentado asociar el salario mínimo vital con un supuesto aumento generalizado del costo de vida. Para el mandatario, este discurso no solo carece de sustento técnico, sino que responde a una estrategia para enfrentar a los sectores populares entre sí y mantener deprimidos los ingresos laborales.
Petro fue enfático en señalar que el salario vital no es una concesión política, sino una obligación constitucional largamente incumplida, y que su implementación ha sido objeto de una “avalancha de ataques” que, según dijo, ignoran deliberadamente los datos reales de la economía.
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Los números que contradicen el alarmismo
Con cifras oficiales en mano, el presidente explicó que el Índice de Precios al Productor (IPP) —que mide cuánto cuesta producir bienes y servicios en el país— no solo no ha aumentado, sino que ha caído de manera significativa durante el actual gobierno.
Según expuso, mientras el salario mínimo real ha crecido cerca de 18 %, los costos de producción registraron una variación anual negativa del –2,63 %, lo que desarma el argumento de que el incremento salarial dispara automáticamente los precios. En términos simples: sube el ingreso de los trabajadores y baja el costo de producir.
Esta tendencia, afirmó el mandatario, también se refleja en la inflación general, que ha descendido de manera sostenida, y en los precios de los alimentos, que —según los reportes de Corabastos— se han mantenido estables.
¿Por qué no suben los precios si sube el salario?
El presidente cuestionó de manera directa la narrativa difundida por algunos sectores mediáticos y económicos, al preguntar de dónde surge la afirmación de que el salario vital encarece la canasta familiar cuando los indicadores muestran lo contrario.
Para Petro, la clave está en desmontar la idea de que el salario es el principal motor de la inflación. De hecho, recordó que el costo laboral representa apenas una fracción del costo total de producción, mientras otros componentes —como insumos, logística y tasas de interés— han mostrado descensos.
Una deuda histórica con los trabajadores
Más allá del debate coyuntural, el jefe de Estado situó el tema en una perspectiva estructural. Explicó que, desde finales de los años noventa, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional fue reduciéndose de manera sistemática, pasando de cerca del 44,5 % a poco más del 38 % en 2022.
Según los cálculos presentados, esta pérdida acumulada equivale a 686 billones de pesos que dejaron de llegar a los bolsillos de quienes viven de su trabajo. En ese contexto, el salario vital no sería un privilegio, sino un proceso de recuperación parcial de lo que fue arrebatado durante décadas.
Vivienda y salario mínimo: una distorsión que debe corregirse
En otro punto clave de su intervención, el presidente pidió al ministro de Hacienda avanzar en la desindexación de los costos de la vivienda del salario mínimo, calificando de injusta la norma que ata los precios del sector habitacional a un indicador que solo representa una parte minoritaria de sus costos reales.
Petro subrayó que, si los costos de producción han bajado y el componente laboral es cercano al 20 %, no existe justificación técnica para que el aumento salarial se traduzca automáticamente en encarecimiento de la vivienda.
El salario vital como disputa de modelo económico
La intervención presidencial deja claro que el debate sobre el salario mínimo no es meramente técnico, sino profundamente político. Lo que está en juego no es solo un porcentaje de aumento, sino la definición de quién asume los costos del desarrollo y cómo se distribuye la riqueza nacional.
Las cifras del IPP y la estabilidad de los precios de los alimentos ponen en evidencia que el discurso del miedo económico no resiste el contraste con los datos. Sin embargo, la resistencia al salario vital revela algo más profundo: la dificultad de ciertos sectores para aceptar un modelo en el que el trabajo recupere centralidad frente al capital.
En ese escenario, el salario vital se convierte en un símbolo de disputa entre dos visiones de país: una que normalizó la precarización laboral como condición de estabilidad, y otra que apuesta por dignificar el ingreso sin sacrificar el equilibrio macroeconómico. El debate apenas comienza, pero los números ya están sobre la mesa.
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