La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres Castro, fueron sancionados por un juez de Cali por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la reubicación laboral de Gregorio Alfredo Dajome Granja.
La decisión contempla tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada funcionario. Sin embargo, la medida todavía no está en firme, pues deberá pasar por la revisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que tendrá la facultad de confirmarla, modificarla o revocarla.
¿Por qué fueron sancionados la ministra y el director del SENA?
El proceso se originó en la reclamación de Gregorio Alfredo Dajome Granja, quien acudió a la justicia para solicitar la protección de sus derechos laborales después de salir de su cargo en el marco de un concurso de méritos.
De acuerdo con la decisión judicial, las entidades involucradas no acreditaron el cumplimiento integral de las órdenes impartidas mediante una acción de tutela. Entre las obligaciones señaladas estaban la verificación de vacantes disponibles y la evaluación de alternativas que permitieran estudiar la reubicación laboral del trabajador.
El caso pone bajo examen la respuesta institucional frente a las órdenes de los jueces y las actuaciones que deben adelantar las entidades públicas para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
La ministra cuestionó la decisión y señaló a la administración anterior
Tras conocerse la sanción, Natalia Eugenia López Fuentes cuestionó el fallo y sostuvo que los hechos se remontan a una etapa anterior a su llegada al Gobierno, el 7 de agosto de 2026.
La ministra atribuyó los incumplimientos señalados a la administración precedente y afirmó que su cartera ya había adelantado gestiones para atender la situación laboral de Dajome Granja.
Sus declaraciones plantean una diferencia entre la responsabilidad por los hechos que dieron origen al proceso y las actuaciones que, según indicó, realizó la actual administración. La valoración definitiva de esos argumentos corresponde a las autoridades judiciales competentes.
El Tribunal Superior de Cali tendrá la última palabra sobre la sanción
Por ahora, la sanción no puede presentarse como una medida definitiva. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali deberá revisar la decisión de primera instancia y determinar si mantiene las medidas impuestas, las modifica o las deja sin efecto.
La revisión será determinante para establecer el alcance definitivo de la sanción contra la ministra de Trabajo y el director del SENA, en un caso relacionado con el cumplimiento de una tutela y las garantías laborales de un trabajador.
Puedes leer: Medellín remontó ante América de Cali y se llevó los tres puntos en el Pascual Guerrero
Realice su donación en Noticias La Voz Realities
Con tu aporte, apoyas el periodismo independiente y alternativo dando clic en el botón de BOLD:




