La representante a la Cámara y candidata por Bogotá del Pacto Histórico enfrenta una ofensiva política basada en interpretaciones erradas de información electoral
En medio de un clima político cada vez más marcado por la confrontación y la desinformación, la representante a la Cámara y candidata por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, emitió un comunicado público para responder a una serie de denuncias promovidas por sectores opositores, las cuales —según explicó— carecen de sustento jurídico y distorsionan información contable de carácter público.
El pronunciamiento surge tras la difusión de señalamientos relacionados con una cuenta de cobro registrada durante su participación en la Consulta del Pacto Histórico, utilizada por contradictores políticos para sugerir presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Carrascal aclaró que dichos señalamientos se basan en interpretaciones erradas del sistema Cuentas Claras, plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que no existe investigación ni requerimiento alguno por parte de las autoridades electorales.
Claridad contable frente a ruido político
Según la representante, la información cuestionada corresponde a un servicio efectivamente prestado, debidamente reportado como cuenta por pagar, una figura legal y habitual en los procesos de campaña, que se cancela posteriormente con recursos de reposición de votos. Este tipo de registros, explicó, no constituyen donaciones ni implican compromisos personales del candidato, sino que hacen parte del manejo financiero realizado por los equipos autorizados de la campaña.
El comunicado también subraya que todos los movimientos financieros fueron reportados dentro de los plazos y bajo los criterios establecidos por la normatividad electoral vigente, con acompañamiento contable y supervisión del partido político. En ese sentido, Carrascal sostuvo que no existe irregularidad alguna y que las acusaciones buscan instalar sospechas sin respaldo legal.
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La instrumentalización de la transparencia
Más allá del caso puntual, el mensaje de la congresista pone sobre la mesa una preocupación de fondo: la utilización de la información pública como arma política, sin rigor técnico ni responsabilidad. La representante advirtió que presentar datos contables de manera fragmentada o sacarlos de contexto puede inducir a error a la ciudadanía y deteriorar el debate democrático.
En un escenario preelectoral, donde la disputa por la opinión pública se intensifica, este tipo de prácticas reflejan una estrategia de desgaste que prioriza el señalamiento sobre el debate de ideas. Carrascal recordó que la fiscalización legítima debe ejercerse a través de los canales institucionales y no mediante acusaciones mediáticas sin sustento probatorio.
Política, ética y garantías democráticas
El comunicado concluye reafirmando el compromiso de la representante con la legalidad, la ética pública y la transparencia, así como su decisión de continuar con su campaña política sin desviar el foco de los temas de fondo que afectan a Bogotá y al país. Al mismo tiempo, deja abierta una reflexión necesaria: la democracia se debilita cuando el control ciudadano se convierte en desinformación deliberada.
El episodio evidencia cómo, en el actual contexto político, la defensa de la transparencia no solo implica cumplir la ley, sino también resistir narrativas construidas desde la oposición que buscan minar la legitimidad política a partir de denuncias sin fundamento.
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