El presidente Gustavo Petro sostiene que la declaratoria de emergencia permitió estabilizar la deuda, reducir el déficit fiscal y recuperar la credibilidad de Colombia en los mercados globales
En una alocución radio-televisada dirigida a todo el país y que es retrasmitida por Noticias La Voz Realities, el presidente Gustavo Petro defendió con firmeza la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, hoy en revisión de la Corte Constitucional, como una decisión necesaria y responsable frente a lo que calificó como “hechos sobrevinientes” que alteraron de manera sustancial el manejo de las finanzas públicas.
El mandatario explicó que el hundimiento, en dos oportunidades, de la Ley de Financiamiento en el Congreso dejó al Estado sin una herramienta clave para asegurar ingresos fiscales, obligando al Gobierno a recurrir a un decreto excepcional para evitar una crisis de deuda de mayores proporciones. En ese contexto, subrayó que la emergencia no fue un acto improvisado, sino una respuesta institucional frente a un bloqueo político con consecuencias económicas concretas.
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Impuestos a la cúspide económica y corrección del déficit
Petro enfatizó que el decreto de emergencia permitió implementar un esquema tributario focalizado en los sectores de mayor capacidad económica: grandes fortunas, rentas especulativas y monopolios, que —según indicó— representan menos del 0,5 % de la población. El objetivo, explicó, fue captar recursos para reducir el déficit fiscal sin trasladar la carga a los sectores populares ni recurrir a un mayor endeudamiento para financiar gasto corriente.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta decisión marca una diferencia estructural con modelos anteriores, en los que el ajuste fiscal recaía principalmente sobre el consumo o el endeudamiento generalizado.
El costo político del bloqueo legislativo
Uno de los puntos más críticos del discurso presidencial estuvo dirigido al Congreso. Petro aseguró que el archivo de la Ley de Financiamiento elevó de manera directa el costo de la deuda pública, al obligar al país a endeudarse a tasas internas mucho más altas. Mientras antes se accedía a intereses cercanos al 6 %, el país pasó a pagar tasas superiores al 8 %, lo que, según el mandatario, terminó afectando al conjunto de la ciudadanía.
En ese sentido, el presidente sostuvo que la emergencia económica fue el mecanismo que permitió corregir una situación de insostenibilidad fiscal provocada, no por el gasto social, sino por decisiones políticas que encarecieron el financiamiento del Estado.
Señales del mercado: más demanda, menor riesgo
Como respaldo a su argumento, el jefe de Estado destacó la reciente emisión de bonos TES por cerca de US$4.950 millones, que recibió ofertas por más de US$23.000 millones, una demanda superior a cuatro veces lo requerido. Para el Gobierno, este resultado es una señal inequívoca de confianza internacional en la economía colombiana y en las decisiones adoptadas bajo la emergencia.
A esto se suma la reducción del riesgo país, un indicador clave para inversionistas extranjeros, que permite mejorar el perfil de la deuda y reducir presiones futuras sobre el presupuesto nacional.
Una disputa entre modelo económico y gobernabilidad
Más allá de las cifras, la defensa presidencial de la emergencia económica pone sobre la mesa un debate de fondo: la tensión entre la agenda de cambio del Ejecutivo y la gobernabilidad en el Congreso. El Gobierno sostiene que no se endeudó para expandir el gasto, sino para corregir un problema heredado y agravado por el bloqueo legislativo, mientras que sus detractores cuestionan el uso de poderes excepcionales.
Lo cierto es que los indicadores de deuda, demanda de bonos y riesgo país muestran efectos inmediatos que fortalecen la posición del Ejecutivo en la discusión pública. La revisión de la Corte Constitucional será, entonces, un punto de inflexión no solo jurídico, sino también político, pues definirá si esta estrategia excepcional se consolida como una herramienta válida para enfrentar escenarios de parálisis legislativa.
En palabras del propio presidente, el objetivo final no es la estabilidad macroeconómica en abstracto, sino crear las condiciones para el crecimiento, la reducción de la pobreza y una economía que deje de estar al servicio de unos pocos y empiece a responder a las mayorías.
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