El aumento tarifario aprobado por la Alcaldía de Bogotá desoye los criterios técnicos del Ministerio de Transporte y traslada el peso del sistema a quienes menos tienen
El incremento de $350 pesos en la tarifa de TransMilenio, equivalente a un alza del 10,9 %, ha desatado una nueva controversia en Bogotá. Lejos de ser una medida inevitable, como lo ha querido presentar la administración distrital, el aumento no se encuentra plenamente justificado desde el punto de vista técnico ni social, según lo advirtió de manera expresa el Ministerio de Transporte.
El Gobierno Nacional fue claro: el aumento del salario mínimo vital no puede ser utilizado como argumento automático para encarecer el transporte público, mucho menos cuando el incremento tarifario supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal referente para medir el costo de vida de los hogares.
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El salario mínimo no es excusa para castigar al usuario
Uno de los puntos más cuestionables de la decisión de la Alcaldía de Bogotá es la narrativa que intenta responsabilizar al aumento del salario mínimo del encarecimiento del sistema. El propio Ministerio de Transporte desmontó este argumento al señalar que los costos laborales son solo una de múltiples variables dentro de la estructura financiera de TransMilenio.
Indexar la tarifa directamente al salario mínimo, sin un análisis integral que contemple eficiencia operativa, gestión contractual, subsidios, demanda y cofinanciación estatal, es una salida fácil que traslada el problema a los bolsillos de los ciudadanos, especialmente de quienes dependen diariamente del transporte público para trabajar y estudiar.
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Una decisión que profundiza la desigualdad urbana
El aumento tarifario afecta de manera directa a los sectores populares y a la clase trabajadora, para quienes el transporte representa una proporción significativa de sus gastos mensuales. En una ciudad marcada por profundas brechas sociales y territoriales, encarecer la movilidad es limitar el acceso al empleo, a la educación y a los servicios básicos.
Mientras el Gobierno Nacional avanza en políticas orientadas a mejorar el ingreso real de los hogares y aliviar el costo de vida, la Alcaldía de Bogotá adopta una decisión que va en contravía del enfoque social y redistributivo que demanda la coyuntura económica.
Nación cofinancia, Distrito decide… sin transparencia
Aunque la facultad para fijar la tarifa corresponde al ente territorial, no puede pasarse por alto que la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio y que recientemente aprobó recursos estratégicos como el convenio de flota eléctrica para Bogotá y Soacha.
Este respaldo financiero hace aún más cuestionable que la administración distrital no haya presentado de manera pública y detallada el desglose técnico que explique por qué era inevitable un aumento por encima del IPC. La solicitud del Ministerio de Transporte y la Superintendencia para revisar estos soportes evidencia que la decisión se tomó sin la debida transparencia ni suficiente justificación social.
¿Quién paga el déficit del sistema?
La decisión de la Alcaldía de Bogotá deja un mensaje preocupante: cuando el sistema falla, la solución sigue siendo cobrarle más al usuario, en lugar de revisar contratos, mejorar la eficiencia operativa o fortalecer los mecanismos de subsidio y compensación.
En un contexto donde el Gobierno Nacional impulsa un salario vital digno y defiende el transporte público como un derecho y no como un lujo, el aumento de TransMilenio se convierte en una medida regresiva, que desconoce la realidad económica de millones de bogotanos y profundiza la desigualdad urbana.
Más que un ajuste tarifario, lo ocurrido revela una falta de voluntad política para proteger al usuario, y una desconexión entre el discurso social y las decisiones administrativas que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía.
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