Desde el Gobierno nacional se señala que esta decisión no solo carece de fundamentos legales sólidos, sino que atenta contra los principios básicos de la justicia internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió el pasado martes un rechazo categórico ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Colombia rechaza una orden que está atentando contra los principios del derecho internacional.
La Cancillería calificó la medida como una violación flagrante a los principios del derecho internacional, además de carecer —según indicó— de base jurídica clara y de fundamentos probatorios sólidos.
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La advertencia: justicia no puede ser un arma política
En su comunicado, el Gobierno colombiano advirtió sobre el uso indebido de los instrumentos judiciales internacionales, señalando que estos no deben servir como herramientas de persecución política o personal, ni mucho menos como vehículos para decisiones sin legitimidad.
El pronunciamiento subraya que la independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y la cooperación entre Estados son principios que deben regir las relaciones internacionales y no pueden ser manipulados para fines particulares.
Se activan canales diplomáticos
Ante la gravedad del caso, el Gobierno colombiano activó los canales diplomáticos correspondientes para expresar de manera formal su rechazo ante las autoridades guatemaltecas, buscando también el respaldo de la comunidad internacional.
Colombia confía en que los organismos multilaterales y los Estados aliados sabrán interpretar esta acción como parte de una tendencia peligrosa: la instrumentalización de la justicia con fines políticos, que amenaza no solo a los funcionarios señalados, sino también a la estabilidad institucional entre países.
¿Justicia o persecución disfrazada?
La situación desatada por la orden de captura desde Guatemala contra dos altos funcionarios colombianos —uno diplomático, otro judicial— abre un capítulo delicado en la política internacional latinoamericana.
En términos diplomáticos, este hecho no solo afecta la relación bilateral entre Colombia y Guatemala, sino que plantea un precedente riesgoso sobre el uso del derecho penal internacional como mecanismo de presión. El cuestionamiento del Gobierno colombiano no es menor: señala una posible manipulación de la justicia para fines políticos, lo que socava la confianza en los sistemas de cooperación judicial entre Estados.
Más allá del caso puntual, el llamado de Colombia también resuena en el ámbito regional. En un momento en que América Latina busca reforzar la cooperación y el respeto mutuo entre gobiernos, acciones unilaterales que desbordan los marcos legales comunes pueden generar una fractura en el diálogo multilateral.
Este caso no solo se trata de proteger a dos funcionarios, sino de preservar los pilares que garantizan relaciones internacionales justas, basadas en la legalidad y no en la retaliación política.
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