Desde febrero comenzará a bajar el precio de la gasolina: una corrección fiscal que impacta el bolsillo y la economía
A partir del primero de febrero de 2026, Colombia iniciará un proceso de reducción gradual del precio de la gasolina, una decisión que rompe con una larga tradición de ajustes improvisados y abre un nuevo capítulo en la política fiscal y energética del país. El anuncio, confirmado por el Ministerio de Minas y Energía, se sustenta en el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una estructura que durante años acumuló déficits para sostener artificialmente precios bajos, trasladando la deuda a las finanzas públicas.
La disminución no será abrupta ni populista. Por el contrario, el Gobierno nacional ha insistido en que se trata de un ajuste progresivo, técnicamente calculado y fiscalmente responsable, que busca aliviar el costo del combustible sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. En palabras del ministro Edwin Palma, esta reducción es posible gracias a “decisiones estructurales y no a parches de corto plazo”, una afirmación que marca distancia con prácticas del pasado donde el precio de la gasolina se utilizaba como herramienta política más que como variable económica real.
Un cambio de modelo, no un gesto coyuntural
El impacto de esta decisión va más allá del valor que pagarán los conductores en las estaciones de servicio. El saneamiento del FEPC implica cerrar un ciclo de endeudamiento silencioso que comprometía recursos públicos para sostener una ilusión de precios controlados. Al ordenar el fondo, pagar lo adeudado y evitar nueva deuda, el Gobierno del Cambio apuesta por una política energética más transparente, donde los costos reales no se esconden bajo subsidios generalizados e ineficientes.
Este giro también tiene implicaciones directas sobre la inflación, los costos logísticos y el transporte de bienes, especialmente de los productos de la canasta familiar. Una reducción sostenida del precio de la gasolina puede aliviar presiones en la cadena de distribución, siempre que se mantenga el control fiscal y se evite trasladar desequilibrios a otros sectores de la economía.
La importancia política y económica del anuncio
Que un gobierno anuncie la reducción del precio de la gasolina con cuentas claras no es un hecho menor en Colombia. Históricamente, los ajustes al combustible han sido sinónimo de protestas, tensiones sociales y decisiones tomadas a última hora. En este caso, el mensaje es distinto: primero se ordenan las finanzas, luego se trasladan los beneficios a la ciudadanía.
El anuncio también envía una señal al mercado internacional y a los inversionistas: el país está dispuesto a asumir decisiones impopulares cuando son necesarias, pero también a corregirlas cuando las condiciones lo permiten. Esa combinación de disciplina fiscal y sensibilidad social es clave para sostener la confianza económica en un contexto regional marcado por la volatilidad.
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Un alivio que exige vigilancia
Aunque la reducción del precio de la gasolina representa una buena noticia para millones de colombianos, el reto será garantizar que este alivio llegue efectivamente al bolsillo de la gente y no se diluya en intermediaciones o especulación. La gradualidad anunciada exige seguimiento ciudadano, control institucional y coherencia en la política económica.
El primero de febrero no será solo una fecha en el calendario. Puede convertirse en el punto de partida de una relación más honesta entre el Estado, los precios y la economía cotidiana de las familias. La clave estará en sostener el rumbo y evitar que viejos vicios vuelvan a disfrazarse de soluciones fáciles.
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