El Pacto por el Catatumbo deja atrás la retórica y avanza en obras, gobernanza y presencia estatal efectiva en una de las regiones más golpeadas por el conflicto
El Catatumbo comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia. Lo que durante décadas fue una región marcada por el abandono estatal, la violencia estructural y la economía ilegal, hoy muestra señales concretas de una intervención integral que apunta a cerrar brechas históricas y a saldar una deuda social largamente postergada.
Durante el Consejo Extraordinario del Pacto por el Catatumbo, realizado en Ocaña y presidido por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, se dio un paso clave al aprobarse el reglamento interno del Pacto, permitiendo la consolidación de sus instancias de gobernanza y la presentación de avances tangibles en su implementación. Este hecho no es menor: la formalización de reglas y estructuras de seguimiento es una condición indispensable para que los compromisos no queden en anuncios, sino que se traduzcan en resultados verificables.
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Un paquete de inversión sin precedentes
El Pacto por el Catatumbo moviliza $6,27 billones distribuidos en 124 proyectos, una cifra que marca un punto de inflexión frente a la histórica marginalidad presupuestal de la región. La inversión contempla sectores estratégicos como transporte, educación, salud, desarrollo rural, vivienda, agua potable y conectividad, además de un capítulo transversal para el pueblo Barí, con 13 iniciativas que superan los $137 mil millones, reconociendo su condición de sujeto colectivo de derechos.
En educación, uno de los ejes estructurales del Pacto, la Ruta de Amor por el Catatumbo se consolida como una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno nacional, con recursos cercanos a los $750 mil millones destinados a infraestructura escolar, dotación, alimentación digna, dignificación docente y acceso real a la educación superior pública. Esta intervención apunta a romper el ciclo de exclusión que por generaciones ha limitado las oportunidades de niñas, niños y jóvenes catatumberos.
Infraestructura, tierra y vivienda: condiciones para la paz
La inversión en infraestructura vial, liderada por el Ministerio de Transporte, busca romper el aislamiento histórico de la región mediante proyectos estratégicos que conectan municipios y facilitan la movilidad productiva. A esto se suma el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que fortalece la economía local y genera empleo rural a través de convenios solidarios con las comunidades.
En paralelo, la política Nuestro Hábitat Biodiverso, del Ministerio de Vivienda, despliega soluciones habitacionales, saneamiento básico y ordenamiento territorial alrededor del agua, con más de $276 mil millones destinados a vivienda rural, urbana, mejoramientos y titulación de predios. Estas acciones apuntan a dignificar la vida cotidiana en territorios históricamente relegados del desarrollo formal.
Reforma agraria, salud y conectividad
La Reforma Agraria avanza con hechos en el Catatumbo: formalización de tierras, entrega de predios a mujeres, víctimas y firmantes de paz, y fortalecimiento de la producción campesina de café, cacao y alimentos básicos. Al mismo tiempo, el sector salud registra inversiones superiores a los $434 mil millones, reflejadas en infraestructura hospitalaria, equipos básicos, transporte asistencial y programas comunitarios de atención primaria.
La conectividad digital también se convierte en un factor clave de inclusión. Con una inversión de $47 mil millones, el Ministerio TIC ha logrado conectar el 100 % de las instituciones educativas priorizadas y avanzar en la cobertura de Internet para hogares rurales, reduciendo una de las brechas más profundas del territorio.
Del abandono estructural a la corresponsabilidad territorial
La relevancia del Pacto por el Catatumbo no se mide únicamente en montos de inversión, sino en el cambio de paradigma que propone: pasar de intervenciones fragmentadas a una estrategia integral, con participación comunitaria, control social y enfoque territorial. El reto ahora es garantizar la ejecución oportuna, la transparencia y la sostenibilidad de los proyectos, evitando que la burocracia o la inercia institucional frenen lo avanzado.
Sin embargo, el mensaje político es claro: el Catatumbo dejó de ser un territorio invisible para el Estado. Hoy, con hechos concretos y una agenda multisectorial en marcha, se perfila como un laboratorio de transformación territorial donde la inversión pública, la organización comunitaria y la presencia institucional buscan convertir la paz en una realidad cotidiana.
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