El Ministerio de Transporte implementa un modelo que prioriza el bienestar social en todas las fases de los proyectos, buscando transformar vidas más allá de la obra física
Por primera vez en la historia del país, el Ministerio de Transporte adopta un enfoque que coloca al ser humano como eje central en la concepción y ejecución de proyectos de infraestructura. Con la Resolución 20253040029505, expedida el 25 de julio de 2025, el Gobierno Nacional establece lineamientos técnicos que obligan a que desde la etapa de prefactibilidad hasta los diseños definitivos, cada obra incorpore un análisis detallado de las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
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Esta nueva visión busca maximizar la rentabilidad social y minimizar los impactos negativos, entendiendo que la infraestructura de transporte no solo conecta puntos en un mapa, sino que también construye tejido social.
Más que carreteras y aeropuertos: proyectos para la vida
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que el país no se limitará a levantar puentes o pavimentar vías:
Vamos a diseñar proyectos que realmente transformen la vida de la gente, con decisiones que respondan a sus realidades y aspiraciones
El nuevo marco normativo complementa las metodologías de evaluación socioeconómica del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, pero introduce criterios sectoriales específicos del transporte, lo que representa una integración inédita entre lo técnico, lo social y lo ambiental.
Pilares del nuevo modelo
- Aplicación inmediata para el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, con opción de adopción por parte de gobiernos territoriales.
- Principios guía: estructuración integral, equipos interdisciplinarios, proyectos orientados al bienestar y evaluaciones independientes.
- Análisis integral de impactos desde la prefactibilidad, con estrategias de mitigación y compensación.
- Rentabilidad social como eje de la evaluación y el diseño.
Más allá de la técnica: inversión con propósito
Con esta medida, el Gobierno del Cambio reafirma su intención de que cada peso invertido en infraestructura sea también una inversión en calidad de vida, equidad y desarrollo sostenible. La visión es que las obras no solo pasen los filtros financieros, sino que se conviertan en herramientas para cerrar brechas y generar oportunidades en las comunidades.
De la obra física a la obra social
Este cambio normativo representa una ruptura con el modelo tradicional, en el que la infraestructura de transporte se concebía principalmente desde su viabilidad técnica y rentabilidad económica. Al priorizar la rentabilidad social, el Estado está reconociendo que el impacto de una carretera o un aeropuerto no se mide solo en flujo vehicular o carga movilizada, sino en cómo mejora la vida de quienes dependen de ellos.
Sin embargo, el verdadero reto no está en el papel, sino en la implementación efectiva: garantizar que los estudios de impacto social sean rigurosos, que las estrategias de mitigación se ejecuten, y que la voz de las comunidades influya en las decisiones. Si se logra, Colombia podría convertirse en referente regional de una infraestructura que no solo conecta territorios, sino también acerca oportunidades y reduce desigualdades
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