La FLIP cuestionó directrices atribuidas a la Presidencia para el relacionamiento con medios y advirtió sobre posibles restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales
FLIP cuestiona directrices de Presidencia para el manejo de medios y alerta por restricciones al periodismo
La Fundación para la Libertad de Prensa advierte que limitar entrevistas, ruedas de prensa y preguntas de periodistas podría afectar el acceso a la información pública y el control democrático al Gobierno
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su rechazo a unas directrices que, según la organización, habrían sido impartidas desde la Presidencia de la República para definir la manera en que funcionarios y entidades del Gobierno deben relacionarse con los medios de comunicación.
Para la FLIP, algunas de estas disposiciones podrían afectar el ejercicio del periodismo, particularmente la posibilidad de formular preguntas, contrastar las versiones oficiales y exigir explicaciones a los funcionarios sobre asuntos de interés público.
¿Qué cuestiona la FLIP de las directrices?
De acuerdo con la organización, entre los lineamientos señalados estaría la decisión de no conceder ruedas de prensa o entrevistas a medios considerados “amigos”, restringir las intervenciones de ministros a declaraciones sin espacio para preguntas y concentrar buena parte de la información gubernamental mediante la vocería de la Presidencia.
La FLIP reconoce que el Gobierno tiene autonomía para establecer su estrategia de comunicaciones, coordinar mensajes y determinar quiénes cumplen funciones de vocería. Sin embargo, considera que esa facultad no debería convertirse en una barrera para que periodistas y medios puedan acceder a fuentes oficiales y plantear preguntas.
El punto central de la discusión, según la organización, no sería quién comunica los mensajes oficiales, sino si todos los medios pueden acceder en condiciones de igualdad a las fuentes y ejercer su función de interrogación y contraste frente al poder público.
Periodistas denuncian dificultades para acceder a fuentes oficiales
La FLIP asegura que recientemente ha documentado diferentes situaciones en las que periodistas han acudido a canales y voceros oficiales para solicitar información sin obtener respuesta.
Según la organización, estas dificultades han afectado el cubrimiento de asuntos de interés nacional, entre ellos la evolución del conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto.
Para la FLIP, cuando la información oficial se entrega sin posibilidades suficientes de interlocución, se limita la capacidad de los periodistas para contrastar datos, formular preguntas y recoger diferentes posiciones institucionales.
Esto, advierte la organización, puede terminar afectando la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
El antecedente de la campaña presidencial
La preocupación planteada por la FLIP también se relaciona con situaciones que, según la organización, fueron denunciadas durante la campaña presidencial, especialmente entre la primera y la segunda vuelta.
Entre los casos conocidos por la FLIP está el de la periodista Camila Zuluaga, quien habría señalado que el entonces candidato Abelardo de la Espriella no concedía entrevistas a determinados periodistas, habría instruido a su equipo de comunicaciones para no atender algunas solicitudes de medios y habría limitado su participación a ruedas de prensa en las que conociera previamente las preguntas.
Según el relato atribuido a Zuluaga, estas decisiones estarían relacionadas con el tratamiento periodístico que el candidato esperaba recibir.
Para la FLIP, sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una estrategia de comunicación adoptada durante una campaña electoral y las actuaciones de un Gobierno una vez que ejerce el poder del Estado.
De una estrategia política a un asunto de interés público
La organización sostiene que los canales, funcionarios y recursos destinados a la comunicación estatal no pertenecen al Gobierno de turno, sino que cumplen una función pública.
Por esta razón, considera problemático que el acceso a fuentes oficiales pueda depender de la cercanía o afinidad entre un medio de comunicación y quienes ejercen el poder.
La utilización de categorías como medios “amigos”, según la FLIP, podría generar un sistema de privilegios para los medios que resulten menos incómodos para las autoridades y, al mismo tiempo, dificultades para aquellos que desarrollen una cobertura crítica.
La organización también advierte sobre un posible efecto adicional: la autocensura. Periodistas que dependan del acceso a fuentes oficiales podrían evitar determinadas preguntas o investigaciones ante el temor de perder interlocución con funcionarios públicos.
La información oficial no reemplaza las preguntas
Otro de los puntos centrales planteados por la FLIP es que la comunicación institucional periódica no necesariamente garantiza por sí sola el derecho de acceso a la información pública.
Para la organización, la prensa debe tener la posibilidad de buscar información, solicitar explicaciones, confrontar versiones y preguntar por decisiones gubernamentales, incluso cuando esas preguntas resulten incómodas para las autoridades.
La FLIP cita en este contexto la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según su interpretación, reconoce una protección constitucional reforzada al acceso de periodistas a información pública debido al papel que desempeña la prensa en el escrutinio del poder.
FLIP pide igualdad en el acceso a la prensa
Ante este panorama, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió a la Presidencia de la República revisar las directrices cuestionadas y garantizar que periodistas y medios, independientemente de su línea editorial o posición frente al Gobierno, puedan acceder en condiciones de igualdad a las fuentes oficiales y a los espacios convocados por las autoridades.
La organización plantea que el relacionamiento entre el Estado y la prensa debe estar basado en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y no en la afinidad política o personal entre funcionarios, periodistas y medios.
El debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿hasta dónde puede llegar la estrategia de comunicación de un Gobierno sin convertirse en una restricción al derecho de la prensa a preguntar y al derecho de los ciudadanos a conocer y contrastar la información pública?
Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
