Prosperidad Social revisa contratos, fiducias, donaciones y más de 900 contratos de servicios del gobierno anterior. Cerca de $1 billón está bajo verificación - Foto: Prensa Prosperidad Social
Prosperidad Social pone bajo revisión contratos y recursos por cerca de $1 billón del gobierno anterior
La entidad abrió una revisión técnica y jurídica sobre contratos, fiducias, convenios, donaciones y nombramientos realizados durante la administración anterior. También están bajo análisis más de 900 contratos de prestación de servicios
Prosperidad Social abrió una revisión interna sobre contratos, convenios y actuaciones administrativas correspondientes al gobierno anterior, luego de identificar varias situaciones que, según la actual dirección de la entidad, requieren una verificación técnica y jurídica.
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, aseguró que entre los asuntos revisados aparecen contratos con altas cuantías, donaciones, nombramientos en provisionalidad y recursos cercanos a $1 billón vinculados a fiducias y convenios cuyo estado documental y de legalización todavía debe establecerse.
La funcionaria advirtió que la revisión busca determinar qué ocurrió con los recursos públicos, si las actuaciones cumplieron las normas y cuáles serían las acciones que eventualmente correspondan.
Contratos ejecutados durante el periodo electoral, bajo la lupa
Uno de los principales focos de la revisión está relacionado con contratos de altos montos cuya ejecución, de acuerdo con Prosperidad Social, se concentró durante los meses de la campaña presidencial.
La entidad busca establecer si estos contratos estuvieron debidamente justificados, cómo se ejecutaron, si cumplieron con las obligaciones pactadas y cuál fue la destinación de los recursos.
Suárez calificó algunos de los contratos y donaciones revisados como “dudosos e injustificados”, aunque la propia entidad aclaró que actualmente se encuentra en una etapa de verificación y que todavía no existe una determinación de responsabilidad.
Cerca de $1 billón permanece en revisión
Otro de los puntos que genera preocupación en la nueva administración está relacionado con recursos por cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros mecanismos de ejecución.
Según Prosperidad Social, en algunos casos no se encontró inicialmente información suficiente para establecer con claridad el estado de los recursos, por lo que se adelanta la revisión de soportes y de los procesos de legalización o cierre.
La entidad busca establecer cuánto dinero está comprometido, cuál ha sido su ejecución y si existen obligaciones pendientes.
Más de 900 contratos de prestación de servicios serán examinados
La revisión también alcanza a más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad, según la información entregada por la entidad, todavía no ha sido plenamente verificada.
El equipo encargado de las auditorías deberá determinar si estos contratos respondían a necesidades reales de Prosperidad Social, si cumplieron las condiciones establecidas y si la contratación se ajustó a las normas vigentes.
También investigan nombramientos y donaciones
Otro frente de análisis corresponde a más de una decena de nombramientos en provisionalidad. La situación había sido advertida, según Prosperidad Social, por el sindicato de la entidad. La administración actual revisará si las personas designadas cumplían los requisitos exigidos y si los procedimientos respetaron las normas relacionadas con la carrera administrativa.
Las donaciones también están bajo revisión. La entidad señaló que encontró entregas realizadas principalmente durante el primer semestre de 2026 en las que no existe suficiente claridad sobre los beneficiarios finales.
A esto se suman procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas que serán sometidas a verificación.
La información llegó desde funcionarios y organismos de control
Prosperidad Social explicó que la revisión no surgió de una única fuente. El análisis comenzó a partir de alertas, denuncias e información aportada por funcionarios y organizaciones sindicales, además de informes provenientes de organismos de control.
La nueva administración conformó un equipo interdisciplinario para contrastar la información, revisar documentos y determinar el estado real de cada caso.
El objetivo será diferenciar las actuaciones que simplemente requieren aclaraciones administrativas de aquellas que eventualmente puedan presentar irregularidades con consecuencias jurídicas.
Prosperidad Social advierte que no habrá encubrimientos
Sandra Suárez aseguró que la administración entregará a las autoridades competentes la información que pueda revelar posibles irregularidades.
No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades, afirmó.
La directora agregó que cada recurso público debe tener una justificación verificable y que las decisiones administrativas deben ajustarse al marco legal.
Si durante las auditorías aparecen elementos con posibles consecuencias disciplinarias, fiscales, penales o administrativas, Prosperidad Social anunció que los remitirá a las autoridades correspondientes.
Una revisión que todavía no establece responsables
La entidad hizo una precisión jurídica frente al alcance de este proceso: las situaciones identificadas no constituyen por ahora una declaración de responsabilidad.
La administración está recopilando documentos, contrastando información y revisando la ejecución de los recursos. Solo después de ese proceso podrán determinarse eventuales responsabilidades y las actuaciones que correspondan.
Prosperidad Social anunció que comunicará los avances y resultados de las verificaciones a medida que concluya el análisis de cada caso.
La información presentada en este capítulo hace parte de una investigación periodística adelantada por Noticias La Voz Realities sobre la ejecución de recursos públicos relacionados con el programa Familias en su Tierra y los pagos pendientes a contratistas vinculados al proceso.
Durante la investigación se revisaron documentos, cifras, contratos y actuaciones relacionadas con la ejecución de los recursos, con el propósito de establecer qué ocurrió con los dineros destinados al programa y por qué persisten interrogantes frente a los pagos reclamados por contratistas.
El trabajo periodístico también puso bajo la lupa la relación entre los recursos recibidos por FUPAD y las obligaciones económicas que, según la información recopilada, continuarían pendientes con personas vinculadas a la ejecución de Familias en su Tierra.
Este análisis no pretende establecer responsabilidades judiciales. Su propósito es documentar hechos, contrastar información y dejar planteadas las preguntas que las entidades involucradas deben responder frente al manejo de recursos públicos.
La investigación completa de Noticias La Voz Realities, con los antecedentes, documentos y elementos revisados durante el proceso periodístico, puede consultarse en el siguiente enlace:
La publicación hace parte del seguimiento periodístico que Noticias La Voz Realities viene realizando sobre este caso y sobre el destino de los recursos públicos involucrados.
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
