El presidente advierte que sin los decretos de emergencia el país enfrentaría un escenario de deuda insostenible y mayores presiones fiscales para los próximos gobiernos
Durante la instalación del Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate nacional la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por su Gobierno, al advertir que su implementación ha sido clave para contener el deterioro de las finanzas públicas tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
El jefe de Estado fue enfático en señalar que la caída de las iniciativas tributarias no fue un episodio menor, sino un factor que elevó de manera inmediata el costo de la deuda pública y agravó el déficit fiscal del país. En ese escenario, sostuvo que la emergencia se convirtió en el único instrumento disponible para evitar un desbalance estructural de mayor profundidad.
Déficit primario y deuda: el nudo fiscal
Petro explicó que el problema de fondo no es coyuntural, sino contable y estructural: un país con déficit primario prolongado termina enfrentando una deuda impagable. Según el mandatario, la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria y dos leyes de financiamiento llevó a Colombia a un punto en el que la sostenibilidad fiscal quedó seriamente comprometida.
Desde su perspectiva, el superávit primario —condición básica para estabilizar la deuda— era precisamente el objetivo de las iniciativas archivadas por el Legislativo. Sin esas herramientas, advirtió, el riesgo no solo afecta al actual Gobierno, sino que se traslada al próximo, con una deuda cada vez más costosa y un margen fiscal reducido.
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El recorte del gasto: límites constitucionales
Frente a las críticas que insisten en una mayor reducción del gasto público, el presidente recordó que su administración ya ejecutó un recorte cercano a los 16 billones de pesos durante el año anterior. No obstante, subrayó que existen límites claros impuestos por la Constitución: el gasto social no puede disminuir, las pensiones y los derechos laborales son intocables, y el servicio de la deuda tiene prioridad legal.
Reducir recursos en salud, educación, seguridad o pensiones, sostuvo, no solo sería inconstitucional, sino socialmente regresivo en un país con profundas desigualdades.
Las medidas tributarias que buscan cerrar la brecha
En este contexto, el Gobierno expidió el Decreto 1474 de 2025, que introduce un paquete de medidas tributarias temporales con fuerza de ley, orientadas a atender los compromisos del Presupuesto General de la Nación y frenar el deterioro fiscal.
Entre las principales disposiciones se incluyen la ampliación del IVA a ciertos bienes hoy gravados con impuesto al consumo, la inclusión de los juegos de azar en línea dentro del régimen del IVA, el ajuste progresivo del impuesto al patrimonio para grandes fortunas, y una sobretasa adicional al impuesto de renta del sector financiero.
El decreto también crea un gravamen temporal a la extracción y comercialización de hidrocarburos y carbón, ajusta el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, y establece alivios transitorios en sanciones e intereses para contribuyentes en mora, con el fin de mejorar el recaudo y aliviar presiones sobre la Dian.
Una disputa más política que técnica
Más allá de las cifras, el debate sobre la Emergencia Económica revela una tensión política de fondo: mientras el Gobierno defiende la necesidad de decisiones extraordinarias para evitar una crisis mayor, sectores de oposición cuestionan la vía de los decretos y trasladan la discusión al terreno jurídico.
Lo cierto es que, en ausencia de consensos legislativos, la Emergencia se ha convertido en el principal instrumento para estabilizar las cuentas públicas. Su eventual caída, como advirtió el presidente, no tendría efectos inmediatos dramáticos, pero sí podría sembrar las condiciones para una crisis fiscal más profunda en el mediano plazo, cuyo costo terminaría asumiendo el país entero.
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