El ataque militar en el Caribe abre un nuevo capítulo de tensiones entre Colombia, Estados Unidos y República Dominicana, mientras crece el debate sobre la legalidad y los límites de la lucha antidrogas
La reciente operación militar que terminó con la destrucción de una lancha rápida en aguas del Caribe ha desatado un fuerte pulso diplomático y jurídico. El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que, si entre los tripulantes había ciudadanos colombianos, Estados Unidos y República Dominicana serían responsables de un asesinato extrajudicial.
El hecho ocurrió el 19 de septiembre a 80 millas náuticas de Isla Beata. La Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, con apoyo del Comando Sur de EE. UU. y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, atacó la embarcación señalada de transportar alrededor de 1.000 kilos de cocaína. Según los reportes, se incautaron 377 paquetes y otros 60 fueron destruidos tras la explosión que hundió la lancha.
El expresidente Donald Trump no tardó en atribuirse la operación. En su red Truth Social compartió un video del ataque y afirmó que fue “una orden directa” suya al secretario de Guerra. Washington justificó el bombardeo bajo el argumento de actuar contra “narcoterroristas”.
Derechos humanos y tensiones regionales
La reacción del presidente Petro va más allá de un simple reclamo político: pone en tela de juicio la legalidad de las llamadas operaciones de “ataque letal” en altamar. “No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”, advirtió.
Para el mandatario, la acción abre una herida en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos, pues se trataría de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Petro instó a las familias de jóvenes desaparecidos en esos días a presentar denuncias, lo que podría llevar el caso a instancias internacionales.
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Un escenario de mayor riesgo
El contexto agrava la polémica: desde agosto, EE. UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe para frenar el tráfico proveniente de Venezuela. Esta no es la primera lancha destruida bajo esa estrategia; ya son al menos tres embarcaciones atacadas, lo que, de acuerdo con juristas, constituye una práctica de dudosa legalidad frente al Derecho Internacional Humanitario.
Más allá de la incautación de droga, el episodio abre un debate de fondo: ¿hasta qué punto la lucha antidrogas justifica el uso de la fuerza militar letal contra civiles presuntamente involucrados en el narcotráfico? Y, sobre todo, ¿Qué papel jugará Colombia si se confirma la muerte de connacionales en una operación comandada desde el extranjero?
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