Versiones conocidas por Noticias La Voz Realities apuntan a un supuesto entramado político que habría instrumentalizado a la entidad y a líderes de víctimas, con fines electorales y de desprestigio contra el presidente Gustavo Petro
Información recopilada por Noticias La Voz Realities indica que en diciembre se habrían realizado reuniones en la sede de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, en las que —según las denuncias— se habrían mezclado actividades institucionales con intereses políticos.
De acuerdo con las versiones recibidas, en estos encuentros habrían participado Adith Romero, junto con el entonces director regional Atlántico de la entidad, Carlos López, y Michael Francisco Sabbatino Iguarán, director de la Unidad de Reparación, en el contexto de un grupo político vinculado al candidato al Senado Gustavo Moreno, del Partido Verde.
Las denuncias señalan que, presuntamente, se habrían ofrecido ayudas institucionales (indemnizaciones, kits de ropa, mercados y otros apoyos) a cambio de respaldos políticos, una práctica que, de comprobarse, vulneraría la normatividad que rige los procesos de atención a víctimas, los cuales deben ser gratuitos, neutrales y sin condicionamientos políticos.
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Presuntos cobros ilegales y responsabilidades políticas
Las denuncias recibidas por Noticias La Voz Realities describen un esquema más amplio que comprometería a líderes de víctimas y coordinaciones locales. Entre los nombres señalados figura Milton Moya, coordinador de la Mesa de Víctimas de Campo de la Cruz (Atlántico), así como el enlace de víctimas de Soledad, Orlando Montiel, entre otros actores mencionados por las fuentes.
De acuerdo con los testimonios, a algunas víctimas se les habría exigido un porcentaje de hasta el 20 % y en otros casos hasta del 30% de sus indemnizaciones a cambio de beneficios o acompañamientos, una práctica abiertamente ilegal si se confirma, dado que los trámites ante la Unidad deben ser gratuitos, reglados y libres de cualquier condicionamiento político.
Este medio subraya que se trata de denuncias concretas en proceso de verificación, pero advierte que la gravedad de los señalamientos exige respuestas inmediatas de los involucrados y la actuación de los entes de control, sin dilaciones ni cortinas de humo.
Un plan político para erosionar al Gobierno y el rol de los medios
La investigación recoge versiones persistentes sobre un plan político deliberado que habría buscado desprestigiar al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno, instrumentalizando a la Unidad para las Víctimas y amplificando denuncias selectivas con fines electorales.
Según las fuentes, las reuniones se habrían realizado bajo estrictos controles, incluida la retención de teléfonos móviles a los asistentes, lo que impidió registros directos. Posteriormente, la narrativa se instaló en la agenda pública a través de Revista Semana, cuya difusión derivó en decisiones administrativas como la suspensión de Adith Romero.
Para Noticias La Voz Realities, este encadenamiento de hechos plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se utilizó un medio de alto impacto para validar una operación política destinada a erosionar la credibilidad del Gobierno, en lugar de priorizar una investigación integral y transparente de los hechos?
Cambios en la dirección de la entidad
La Unidad para las Víctimas ha atravesado múltiples cambios directivos. Actualmente, la entidad se encuentra bajo la orientación de Breiner Rafael Osorio Pinto, asesor de despacho del director del Departamento de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, designación realizada mediante el Decreto 0628 del 5 de junio de 2025.
Desde el Gobierno nacional se ha reiterado que la entidad debe mantenerse al margen de disputas políticas y concentrarse en su misión central: la reparación integral y digna de las víctimas del conflicto armado.
Defensa institucional y exigencia de responsabilidades
Endurecer el escrutinio no es propaganda. Defender al presidente Gustavo Petro implica exigir verdad, controles y sanciones si hubo desviaciones, y denunciar cualquier intento de convertir a las víctimas y a las instituciones en instrumentos de campaña.
Las preguntas son directas y urgentes: ¿quién autorizó el uso político de espacios y recursos públicos? ¿qué rol cumplieron Carlos López, Michael Francisco Sabbatino Iguarán y los líderes señalados, incluido Milton Moya, en las decisiones denunciadas? ¿por qué se permitió que una narrativa mediática reemplazara a una investigación exhaustiva?
Noticias La Voz Realities continuará el seguimiento y exige a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría pronunciarse. Se garantiza el derecho de réplica a los mencionados, pero también el derecho ciudadano a la verdad.
Carlos López dejó de ser director regional de la Unidad para las Víctimas tras cuestionamientos públicos relacionados con presuntos actos de corrupción durante su paso por Transmetro S.A., cuando ejerció como directivo de esa entidad.
De acuerdo con antecedentes conocidos en la opinión pública, dichos señalamientos se dieron en el marco de investigaciones y controversias administrativas que también han sido asociadas a su cercanía política con el denominado Clan Char en el Atlántico. Estas referencias corresponden a hechos de contexto y versiones difundidas previamente, y no constituyen una condena judicial.
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