Informe de la UApA revela fallas de gestión en alcaldías y gobernaciones que han reducido el número de estudiantes beneficiados con alimentación escolar
Un reciente análisis de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) encendió las alarmas sobre el futuro del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Aunque los recursos girados por el Gobierno Nacional pasaron de $1,5 billones en 2022 a $3 billones proyectados para 2026 —un aumento del 190% en pesos constantes—, en decenas de Entidades Territoriales Certificadas (ETC) la cobertura no creció e incluso se redujo.
El informe concluye que el problema no es financiero, sino administrativo: deficiencias en planeación, contratación y priorización han impedido que el incremento presupuestal se traduzca en más niñas, niños y adolescentes alimentados.
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Caídas de hasta el 43% en algunos territorios
Entre 2022 y 2025, más de 55 ETC registraron retrocesos en el número de beneficiarios, con descensos que oscilan entre el 13% y el 43%. Ciudades y departamentos como Bogotá, Cali, Atlántico, Valle del Cauca, Huila, Sucre, Quindío, Boyacá, Santander, Córdoba, Barranquilla y Buenaventura aparecen en la lista de territorios donde la cobertura cayó, pese a que los giros nacionales aumentaron de forma significativa.
La UApA advierte que estas reducciones no se explican solo por la disminución de la matrícula escolar, sino por decisiones locales que han limitado el alcance del programa. En 2023 el país alcanzó un récord de 5,9 millones de estudiantes atendidos, cifra que bajó a 5,6 millones en la vigencia siguiente.
Sí hay ejemplos de buena gestión
El panorama no es homogéneo. Entidades como La Guajira, Chocó, Medellín, Risaralda, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Valledupar y Soacha lograron ampliar la cobertura entre un 13% y un 83%, demostrando que con planeación eficiente es posible proteger la alimentación escolar incluso en contextos de matrícula estable o a la baja.
Para la UApA, estos casos confirman que el éxito del PAE depende en gran medida de la capacidad territorial para administrar los recursos, garantizar contratos oportunos y focalizar adecuadamente a la población estudiantil.
Menos contrapartida local, más riesgo para el programa
Otro factor crítico es la disminución de aportes propios por parte de 28 gobernaciones y alcaldías, que entre 2024 y 2025 redujeron en más de $200.000 millones su cofinanciación al PAE. Esta caída afecta la bolsa total del programa y limita su sostenibilidad, a pesar del mayor esfuerzo fiscal de la Nación.
El aumento del costo por ración, la reducción de días de atención y las fallas contractuales aparecen como obstáculos recurrentes que terminan golpeando directamente a los estudiantes.
Más de 500 mil estudiantes sin ración
Las consecuencias ya son visibles. Con corte al 6 de febrero, 526.930 niñas, niños y jóvenes de 14 ETC no estaban recibiendo el complemento alimentario. La situación es especialmente grave en territorios con alta población indígena como Chocó, La Guajira, Cesar y Magdalena, donde más de 118 mil estudiantes permanecen sin atención. Solo en Cesar y Magdalena, 245.699 menores siguen a la espera del inicio de la operación.
El Ministerio de Educación, a través de la UApA, reiteró que reforzará el seguimiento a las entidades territoriales para que cada peso invertido se convierta en alimentación oportuna y de calidad. El mensaje del Gobierno es claro: la protección de la niñez es prioridad y la corresponsabilidad local resulta clave para garantizar este derecho fundamental.
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