La muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el 20 de septiembre de 2026 después de permanecer bajo custodia policial en la estación de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca), llevó a la Fiscalía General de la Nación a materializar las órdenes de captura contra cuatro integrantes de la Policía Nacional presuntamente implicados en los hechos.
Los detenidos son un mayor, un subintendente y dos patrulleros. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, según la presunta responsabilidad individual que establezca la investigación.
Uno de los elementos centrales del caso es el dictamen de Medicina Legal, que determinó que Balanta Paz murió por una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas aplicadas con dispositivos taser. El examen forense también documentó quemaduras y otras lesiones en su cuerpo.
Estos hallazgos forman parte del material técnico, científico y forense que analiza la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido durante la aprehensión y la permanencia de la víctima en las instalaciones policiales.
Investigan presuntas agresiones y falta de atención médica
La investigación busca establecer las circunstancias en las que Donovan Balanta Paz habría sufrido agresiones mientras estaba bajo custodia policial. Otro de los aspectos que examinan las autoridades es la posible omisión de asistencia médica, pese a los reiterados llamados de auxilio que habría realizado.
Determinar qué ocurrió durante ese periodo y establecer la actuación de cada uniformado será clave para esclarecer los hechos y definir las eventuales responsabilidades penales.
La Fiscalía también incorporó un enfoque diferencial relacionado con la condición étnico-racial de la víctima, con el propósito de considerar este aspecto dentro del desarrollo de la investigación.
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Capturas en Cundinamarca y Santander
Las órdenes judiciales fueron materializadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la SIJIN, en los municipios de Soacha, Cundinamarca, y Barbosa, Santander.
El proceso está a cargo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación.
La imputación de cargos permitirá presentar ante un juez los señalamientos penales contra los cuatro uniformados. La determinación de su responsabilidad corresponderá a la justicia, con respeto por las garantías procesales y la presunción de inocencia.
La Fiscalía señaló que continuará con las actuaciones dirigidas a esclarecer la muerte de Donovan Balanta Paz y avanzar en la garantía de verdad, justicia y no repetición frente a posibles vulneraciones de los derechos humanos bajo custodia estatal.
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