Cinco años después, bitcoin no logró el uso masivo prometido en El Salvador. Los bonos volcán y Bitcoin City siguen pendientes y la ley cambió - Diario El espectador e Infobae
Bitcoin en El Salvador ha sido un fracaso: cinco años después, ¿Qué queda de la apuesta de Nayib Bukele?
La adopción de la criptomoneda no alcanzó el uso masivo prometido, los bonos volcán no se han emitido y Bitcoin City sigue sin materializarse. La reforma legal y el acuerdo con el FMI modificaron el rumbo de una de las apuestas económicas más controvertidas del gobierno salvadoreño
En 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó el bitcoin como una oportunidad para transformar la economía del país. La promesa incluía atraer inversión extranjera, abaratar el envío de remesas, ampliar la inclusión financiera y construir una ciudad futurista alimentada por energía geotérmica.
Cinco años después, los resultados distan de aquellas expectativas. El uso cotidiano de la criptomoneda continúa siendo limitado, los bonos volcán anunciados por el Gobierno no se han emitido y el proyecto de Bitcoin City no ha avanzado hasta convertirse en la ciudad prometida.
La estrategia también cambió en el terreno legal. Tras una reforma aprobada en enero de 2025, el bitcoin dejó de ser moneda de curso legal obligatoria y su aceptación pasó a ser voluntaria. El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtió en otro punto de inflexión para el proyecto.
La experiencia salvadoreña deja una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede un Estado impulsar una criptomoneda como herramienta de desarrollo cuando la ciudadanía no la incorpora masivamente a sus transacciones?
De la promesa de inclusión financiera a una adopción limitada
La apuesta comenzó en junio de 2021, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin y convirtió a El Salvador en el primer país en reconocer esta criptomoneda como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele prometió que el bitcoin traería a El Salvador «prosperidad, libertad económica e inclusión financiera» – Cortesía BBC News
El Gobierno presentó la iniciativa como una vía para promover la prosperidad, ampliar el acceso a servicios financieros y reducir los costos de las remesas que reciben miles de hogares salvadoreños.
Para impulsar su utilización, destinó recursos a un fideicomiso de US$150 millones, ofreció US$30 a cada ciudadano que descargara la billetera estatal Chivo Wallet y anunció inversiones adicionales para cajeros y logística.
Sin embargo, las cifras de uso recogidas en el material de referencia muestran una distancia importante entre las expectativas oficiales y la respuesta ciudadana.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, realizada en 2022, encontró que el 71 % de los consultados no percibía beneficios para la economía de su hogar. Además, una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos señaló que muchos usuarios dejaron de utilizar Chivo Wallet después de gastar el incentivo inicial.
Resultados demostraron que la iniciativa no trajo beneficios a los salvadoreños – Cortesía CoinGapes
La tendencia persistió. Según una encuesta del mismo instituto publicada en enero de 2025, el 91,8 % de los salvadoreños manifestó no haber utilizado bitcoin durante el año anterior. Entre quienes no lo usaron, el 76,2 % afirmó que nunca lo había utilizado.
Estos resultados cuestionan uno de los principales argumentos de la política: que la adopción de bitcoin permitiría integrar de manera amplia a la población que permanece fuera del sistema financiero formal.
Las remesas siguen dependiendo de los canales tradicionales
Las remesas constituyen una pieza central de la economía salvadoreña. Según datos, representaron el 26,3 % del producto interno bruto en 2025. La iniciativa de Bukele prometía aprovechar la tecnología para reducir los costos de las transferencias internacionales. No obstante, las cifras disponibles para los primeros cuatro meses de 2026 muestran que las operaciones mediante billeteras de criptomonedas siguen representando una porción reducida del total.
Entre enero y abril de 2026, las remesas enviadas mediante billeteras de criptomonedas aumentaron un 44,3 % frente al mismo periodo del año anterior y alcanzaron US$23,1 millones. Aun así, equivalieron apenas al 0,7 % de los US$3.286 millones recibidos por el país durante ese periodo.
El crecimiento porcentual, por tanto, no debe confundirse con una transformación del mercado de remesas. La gran mayoría de los recursos continúa llegando a través de los canales tradicionales.
En paralelo, el acceso a cuentas bancarias sigue siendo un desafío. El material de referencia señala que, pese a los avances reportados por el Banco Mundial, solo cuatro de cada diez salvadoreños mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria.
Bitcoin City y los bonos volcán: los proyectos que no despegaron
Entre las propuestas más ambiciosas del Gobierno figuraban los llamados bonos volcán y la construcción de Bitcoin City, una ciudad que se ubicaría cerca del volcán de Conchagua.
La idea consistía en emitir deuda respaldada en bitcoin, destinar parte de los recursos a comprar más criptomonedas y utilizar el resto para iniciar la construcción de la ciudad. El proyecto también contemplaba aprovechar la energía geotérmica para alimentar las operaciones de minería de bitcoin.
La propuesta buscaba posicionar a El Salvador como un centro internacional de inversión en activos digitales. Bukele presentó el plan como una apuesta por la libertad económica y una alternativa frente al modelo financiero tradicional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronunció un discurso durante la inauguración de un centro de datos industrial en Ciudad Arce, El Salvador, el 16 de julio de 2024. Mientras la criptomoneda bitcoin alcanzó el máximos históricos tras superar la barrera de los 100.000 dólares, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se jactó de su gran apuesta el jueves 5 de diciembre de 2024. Hoy, la realidad es otra // Cortesía: (Salvador Melendez / Associated Press / Los Ángeles Time)
Pero, según el balance recogido en el material suministrado, los bonos volcán no se han emitido y Bitcoin City no ha pasado a la etapa de construcción anunciada.
La ausencia de estos resultados contrasta con la exposición internacional que tuvo la iniciativa desde su presentación. También plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para convertir los anuncios de inversión tecnológica en proyectos concretos y sostenibles.
La presión del FMI cambió las reglas del experimento
En diciembre de 2024, El Salvador alcanzó un acuerdo de financiamiento por US$1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Entre las condiciones relacionadas con la operación se encontraba la necesidad de mitigar los riesgos asociados al bitcoin.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó cambios a la Ley Bitcoin. Con la reforma, la aceptación de la criptomoneda dejó de ser obligatoria y pasó a ser voluntaria, mientras su papel como moneda de curso legal fue eliminado.
La modificación representó un giro respecto al diseño original de la política impulsada por Bukele. El bitcoin dejó de ocupar la posición legal que había convertido a El Salvador en un caso excepcional y su utilización quedó sujeta a la decisión de las partes en las transacciones.
Otro cambio se produjo alrededor de Chivo Wallet. Según el material de referencia, el Gobierno transfirió la propiedad mayoritaria y el control de la billetera estatal a un operador privado, identificado posteriormente como Linguard Labs.
La operación contempla un posible relanzamiento del servicio con nuevas prestaciones, entre ellas remesas desde Estados Unidos, microcréditos, adelantos en efectivo y pagos mediante diferentes activos digitales. Sin embargo, el texto fuente indica que no se conocían públicamente el porcentaje adquirido ni el monto de la transacción.
La participación privada abre una nueva etapa para la billetera, pero también deja preguntas sobre las condiciones de la operación y la distribución de responsabilidades entre el Estado y el nuevo socio.
Las compras de bitcoin y las dudas sobre los recursos
Otro aspecto de la política ha sido la acumulación de bitcoin por parte del Estado salvadoreño. El material de referencia señala que el país mantenía una reserva de 7.798,37 bitcoins, valorada entonces en aproximadamente US$636 millones, aunque su precio puede cambiar considerablemente.
La acumulación de criptomonedas ha estado rodeada de cuestionamientos por la volatilidad del activo y por la transparencia de las fuentes de financiación.
Tras el acuerdo con el FMI, surgieron nuevas preguntas sobre las compras adicionales que aparecían registradas en los datos de la Oficina Nacional de Bitcoin. El Fondo sostuvo, que las adquisiciones más recientes se financiaron con donaciones privadas y no con recursos públicos, y que el Gobierno se comprometió a no aumentar sus tenencias mediante nuevas inversiones estatales.
La identidad de los donantes, el monto de sus aportes y los mecanismos de supervisión son asuntos que el material de referencia identifica como pendientes de aclaración. En una política pública que involucra recursos, deuda y un activo de alta volatilidad, la trazabilidad de las operaciones resulta clave para evaluar los riesgos y determinar quién asume las posibles pérdidas.
¿Qué ganó El Salvador con la apuesta de Bukele?
El experimento salvadoreño tuvo un efecto que va más allá de las transacciones: convirtió al país en un referente internacional del debate sobre el uso de criptomonedas por parte de los Estados.
Antes de 2021, la adopción nacional de bitcoin como moneda de curso legal era una posibilidad teórica. La decisión de Bukele llevó esa discusión al terreno práctico y atrajo la atención de inversionistas, defensores de las criptomonedas, organismos financieros y críticos de la política económica.
Pero el impacto simbólico no equivale necesariamente a un beneficio económico generalizado. Los indicadores de uso citados en el material muestran una adopción limitada entre la población, mientras que las remesas mediante billeteras de criptomonedas representan una proporción pequeña del flujo total.
Tampoco se han materializado los dos proyectos más emblemáticos de la estrategia: los bonos volcán y Bitcoin City.
La experiencia deja una lección para los gobiernos que consideran incorporar activos digitales a sus políticas económicas: la innovación tecnológica necesita demostrar utilidad cotidiana, sostenibilidad financiera y transparencia, además de generar expectativas y atraer atención internacional.
El Salvador abrió una ruta inédita, pero el balance de sus primeros años muestra una brecha entre la ambición inicial y los resultados concretos. La pregunta ya no es solo si un país puede adoptar bitcoin, sino si esa decisión puede traducirse en beneficios verificables para la mayoría de sus ciudadanos.
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Licenciado en comunicación Digital y Analista de prensa y comunicación de UTEL. Docente con 10 años de experiencia en educación. Apasionado a la historia, la ciencia y las tecnologías. He escritó para El Histonauta, Tech365science, Comunicar Noticias, Voxpopuli.digital, Soccer Adictos MX y Periódico El Popular. Como periodista siempre destacado en el área investigativa de análisis. Director de Noticias Voz Realities y defensor de DDHH
