La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por posibles irregularidades en contratos suscritos durante 2022.
El proceso busca esclarecer si existieron fallas en la ejecución de acuerdos relacionados con la atención a ciudadanos y víctimas del conflicto armado.
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La indagación involucra a varios exfuncionarios que ocuparon cargos clave dentro de la entidad, entre ellos el entonces secretario general, coordinadores y directores técnicos de áreas estratégicas. La Procuraduría pretende establecer el grado de responsabilidad de cada uno en la supervisión y ejecución de los contratos cuestionados.
Contratos y posibles incumplimientos
Según el ente de control, los contratos investigados estaban orientados a la prestación de servicios para la atención a víctimas y a la contratación de servicios postales.
Sin embargo, existen indicios de que las obligaciones pactadas no se habrían cumplido en su totalidad, lo que genera dudas sobre la correcta ejecución de los recursos públicos. Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta falta de justificación en los pagos realizados a los contratistas.
La Procuraduría analiza si los desembolsos efectuados corresponden realmente a servicios prestados o si hubo irregularidades en la validación de las actividades contratadas.
Recolección de pruebas y avance del proceso
Como parte de la investigación, el Ministerio Público ordenó la recopilación de pruebas documentales que permitan reconstruir los hechos.
El objetivo es determinar con precisión las condiciones en que se ejecutaron los contratos y establecer si hubo responsabilidades disciplinarias por parte de los funcionarios implicados. Este proceso cobra especial relevancia al tratarse de recursos destinados a la atención de víctimas del conflicto armado, una población prioritaria en las políticas públicas del país.
La investigación busca no solo esclarecer posibles irregularidades, sino también garantizar que los fondos destinados a estos programas cumplan su propósito social.
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